Save the Children advierte que el acuerdo impulsado por Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Países Bajos podría generar riesgos para niñas, niños y adolescentes, especialmente ante posibles separaciones familiares y dificultades para acceder a protección y asistencia jurídica.
BRUSELAS.— El acuerdo alcanzado por Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Países Bajos para enviar a Ruanda a personas a quienes se les ha negado el asilo en Europa generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de la infancia por sus posibles consecuencias para niñas, niños y adolescentes.
Save the Children señaló que, aunque en una primera etapa las familias con menores de edad aparentemente quedarían excluidas de la aplicación del plan, la organización considera que la niñez podría verse afectada de manera directa o indirecta por el mecanismo de retorno.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las medidas de protección que se aplicarían durante el proceso, particularmente en los casos en los que niñas, niños y adolescentes pudieran ser identificados erróneamente como personas adultas o quedar separados de sus familiares.
De acuerdo con la organización, estas situaciones podrían dificultar el acceso de los menores a sistemas de protección, asistencia jurídica y otros servicios esenciales para su bienestar y desarrollo.
Save the Children también expresó preocupación por la posibilidad de que la implementación del acuerdo implique detenciones o restricciones a la libertad dentro del nuevo marco de normas migratorias de la Unión Europea. A su consideración, esto representaría riesgos adicionales para quienes no hayan sido identificados correctamente en cuanto a su edad o necesidades de protección.
Federica Toscano, asesora sénior de Incidencia de Save the Children Europa, advirtió sobre los riesgos que, desde la perspectiva de la organización, implicaría trasladar procedimientos de retorno fuera del territorio de la Unión Europea.
La organización sostiene que la instalación de centros de retorno en un tercer país podría dificultar la supervisión independiente y el acceso de organismos encargados de vigilar las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes, incluidas niñas, niños y adolescentes.
Otro de los puntos señalados por Save the Children es el riesgo de separación familiar. La organización manifestó su preocupación ante la posibilidad de que menores de edad puedan quedar separados de sus familiares o de personas adultas de confianza, además de enfrentar dificultades para acceder a representación y asistencia jurídica.
Ante este escenario, Save the Children llamó a los gobiernos europeos involucrados a asumir un compromiso público y jurídicamente vinculante para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente, ni sus familias, sean enviados, retenidos o sometidos a procedimientos en centros de retorno.
La organización también pidió fortalecer los mecanismos para la evaluación de edad y la búsqueda de familiares, con el objetivo de reducir el riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean clasificados erróneamente como adultos y evitar posibles separaciones familiares.
El acuerdo y su eventual implementación mantienen abierto el debate sobre las condiciones de los procedimientos de retorno y las garantías que deberán aplicarse para proteger los derechos de las personas migrantes, particularmente de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
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