Más de 56 por ciento de empresas de “seguridad” operan fuera de la ley y provocan pérdidas millonarias para el Estado, derivadas de la evasión de pago impuestos y cuotas patronales: Sapién Santos

Unas 3 mil 500 empresas de seguridad privada que operan de manera clandestina en el país, así como las policías auxiliares y complementarias de los estados, serán reguladas mediante la Ley General de Seguridad Privada que se espera sea presentada a finales de agosto en el Congreso de la Unión, señaló Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

El representante de dicho organismo explicó que actualmente más del 56% de empresas de este sector operan fuera de la ley y provocan pérdidas millonarias para el Estado, derivadas de la evasión de pago impuestos y cuotas patronales.

“Es una cifra muy variable, pero vamos a pensar que una empresa vende un servicio donde la facturación es de 100 mil pesos pero es una factura que no está completa, porque no paga el seguro social, ni el Impuesto Sobre la Renta conforme al sueldo verdadero que tienen sus elementos de seguridad, entonces la recaudación para el gobierno es de un 38% menos”, ejemplificó Sapién.

Agregó que el impacto de las empresas apócrifas no sólo es económico, sino que tiene un “efecto cascada”, pues al no ser profesionales, incumplen con el pago de impuestos porque no son fiscalizables ni auditables, pero además, no brindan beneficios laborales a sus trabajadores, no les ofrecen la capacitación necesaria y por ende ofrecen servicios de baja calidad, indicó el especialista en temas de seguridad.

Señaló que actualmente es imposible censar cuántos elementos de seguridad trabajan en la clandestinidad, es decir que no están capacitados para operar ni cumplen con los requisitos legales para brindar sus servicios, tales como carta de antecedentes no penales y registro ante la Dirección General de Seguridad Privada federal o estatal, lo que aumenta el riesgo de que puedan aliarse con la delincuencia organizada para cometer delitos.

Recordó el caso de elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), quienes fueron confundidos con elementos de seguridad privada cuando custodiaban un cargamento de 7 millones de municiones en Guanajuato, el cual fue robado por parte de uno de los carteles más peligrosos del país y planeado por gente que conocía el valor de la carga.

En este sentido, celebró que recientemente se haya facultado al Congreso de la Unión para elaborar la Ley General de Seguridad Privada, la cual incluirá entre sus principales ejes, un marco regulatorio para que los prestadores de servicios de seguridad privada queden debidamente registrados y se precisará la función de las policías auxiliares y complementarias de los estados.

El Presidente del CNSP adelantó que a finales de agosto se conocerá el censo de las empresas a nivel nacional que pudieron obtener su registro como prestadores de servicios especializados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Esto quiere decir que las empresas registradas estarán inscritas ante el SAT, ante los gobiernos municipales, estatales y federales, así como a las instancias patronales como el IMSS para ofrecer a sus empleados las prestaciones de ley y darles seguridad para trabajar de manera adecuada”.

Para contar con el registro de carácter único a nivel nacional, no solo deberán contar con un permiso federal o estatal para operar, sino que deben comprobar que han cumplido con el pago de impuestos y de cuotas obrero patronales ante el IMSS, concluyó.

LOS CUSAEM NO RINDEN CUENTAS POR FALLO JUDICIAL

Hay que recordar que los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del estado de México (CUSAEM) no son entes públicos sujetos de fiscalización, toda vez que existe una sentencia emitida por parte del Poder Judicial de la Federación  donde se indica que se trata de organismos privados, toda vez que tampoco existe un decreto que determine su creación como parte de una instancia gubernamental.

Aunque este tipo de guardia ofrece sus servicios dentro y fuera del estado de México y cuenta con el servicio del ISSEMyM no son sujetos incluidos en la Ley de Fiscalización y tampoco se cuenta con estados financieros porque al tratarse de un organismo privado, sólo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría solicitarlas.