Blindar datos personales de 16.9 millones de mexiquenses del carnet jurídico, exige Morena.

Diputados de Morena consideraron que el Poder Ejecutivo estatal está obligado a garantizar la seguridad total de los datos personales de 16.9 millones de mexiquenses que busca recabar y albergar virtualmente en expedientes electrónicos que se constituirán como el “carnet jurídico digital”. 

Mónica Álvarez, Ariel Juárez, y Nazario Gutiérrez se congratularon de que en la recta final de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, se hayan acordado de los ciudadanos y hoy se tenga la intención de facilitarles la vida impulsando una mejora regulatoria y simplificación de trámites a través del “expediente jurídico” electrónico.  

Durante el desarrollo de los trabajos de la comisión Desarrollo Económico Industrial, Comercial y Minero, funcionarios de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, expusieron la propuesta del gobernador.

Los funcionarios del Poder Ejecutivo explicaron que el planteamiento es asignar un expediente electrónico a cada ciudadano mexiquense para que ahí se albergue “virtualmente”, todos sus documentos y datos personales que les son requeridos cuando realizan algún trámite ante dependencias estatales y/o municipales, con lo que se evitaría su entrega a cada ventanilla donde acuden a realizar algún trámite.  

Los legisladores de Morena se pronunciaron a favor de otorgar todas las facilidades a las y los ciudadanos mexiquenses para que realicen de manera rápida, gratuita y sin tantos requisitos los procesos y trámites ante todas las áreas gubernamentales estatales y municipales.

No obstante, insistieron que el Gobierno del Estado de México está obligado a establecer todo tipo de candados para que la información de los mexiquenses cargada en el expediente electrónico “carnet jurídico” digital, este perfectamente resguardada, blindada, y a excepción de los funcionarios que manejarán la plataforma, ninguna otra persona tenga acceso a los datos y documentos personales de los ciudadanos pues se correría el riesgo de que éstos sean usados con otros fines distintos a los de su creación.

Al respecto Mónica Álvarez propuso que la iniciativa gubernamental debe contemplar y tener muy presente la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, porque de esa manera los ciudadanos tendrán la certeza de que por ningún motivo y en ninguna circunstancia el manejo de su información personal cargada en su “expediente electrónico”, tendrá un uso distinto para el cual la confió-entregó a algún funcionario.   

“No veo que se toque (mencione) la Ley de Datos Personales” para garantizar los derechos ARCO de los mexiquenses, puntualizó la legisladora.

Es de destacar que la protección de datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad de todas las personas; por lo cual los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) son fundamentales en la era digital.

Los derechos ARCO permiten solicitar rectificación de datos incompletos o inexactos, solicitar cancelación por no ajustarse a las disposiciones y oponerse al uso de datos si fueron obtenidos sin el consentimiento.

Por su parte Ariel Juárez, planteó a los diputados de la comisión y funcionarios estatales, los riesgos a la privacidad que representa que una dependencia maneje todos los datos personales de las y los mexiquenses.

Se pronunció a favor de que todas las dependencias del gobierno estatal impulsen una verdadera simplificación administrativa, eliminando requisitos, para que las y los ciudadanos accedan u obtengan algún servicio gubernamental sin contratiempo alguno.

En su intervención Nazario Gutiérrez, precisó que la bancada de Morena siempre estará a favor de realizar acciones para mejorar y facilitar la vida de los mexiquenses, pasando de formatos físicos de papel a esquemas digitales, por lo que planteó que el periodo de implementación total de la plataforma que albergará el expediente electrónico de cada mexiquense, no sea de cinco años, como se propone, sino de dos o tres, para que la iniciativa sea acompañada y concluida en el periodo de la presente Legislatura.