Funcionaria de la FISEL señaló que la Ley General en Materia de Delitos Electorales considera que todas las conductas son dolosas.
Cualquier ciudadana o ciudadano puede cometer algún delito electoral; sin embargo, son las y los servidores públicos electorales o las y los funcionarios partidistas quienes están en mayor riesgo de incurrir en una conducta de estas características, alertó la Mtra. Gabriela Ávila Hernández, Subdirectora de Área de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte del Segundo Foro Regional: Prevención de compra y coacción del voto y delitos electorales, realizado en el municipio de Chalco, Ávila Hernández indicó que la Ley General en materia de Delitos Electorales considera que dichos actos son dolosos; es decir, que se cometieron deliberadamente.
Respecto de los delitos en que pueden incurrir los funcionarios electorales se encuentran: instalar, abrir o cerrar una casilla fuera de los tiempos que establece la Ley o colocarla en un lugar distinto al que le fue asignado; permitir que una o un ciudadano emita su voto, pese a que no cumpla con los requisitos, o divulgar noticias falsas.
Añadió que actos como registrarse en la Lista Nominal de un lugar distinto al de la residencia habitual de la o el votante se considera un delito; también lo es retener la credencial para votar durante la Jornada Electoral, recibir dinero a cambio de sufragar e impedir la instalación de una casilla, entre otros.
La funcionaria federal enfatizó que estas conductas deben ser denunciadas, para lo cual es necesario establecer cuándo, cómo y dónde sucedieron los hechos para que la autoridad correspondiente, ya sea la FGR o la Fiscalía estatal, inicien las labores de investigación, pues están obligadas a ello.
La especialista estuvo acompañada del Vocal de Capacitación de la Junta Local Distrital 01 de Chalco, Moisés Tapia Martínez, quien señaló que esta capacitación es de suma relevancia en el marco del Proceso Electoral, pues los delitos electorales son prácticas que vician la voluntad de la ciudadanía y no tienden a denunciarse.
