Negación de la Justicia por Razones de Género propuesta de delito impulsada por Irinea Buendía.

Por Eduardo Alonso

A 13 años del feminicidio de su hija, la señora Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima, no ha cesado en su afán de evitar que otras familias mexiquenses y mexicanas pasen por el largo proceso administrativo e irregular que ella vivió para poder obtener justicia.

Por lo que presentó al Congreso local y de otras 16 entidades del país (hasta el momento) una iniciativa de ley para crear en el Código Penal estatal o “Negación de la Justicia por Razones de Género”, con el objetivo de que funcionarios públicos hagan todo lo necesario para alcanzar la justicia.

Momentos antes de entregar a la Cámara de Diputados, a la diputada local Karina Labastida, la propuesta de reforma que lleva el respaldo de múltiples organizaciones no gubernamentales, la señora Irinea Buendía recordó que en un primer momento la Fiscalía estatal, hace 13 años, le aseguró que su hija se había suicidado.

No querían hacer justicia, recordó, pero gracias a su perseverancia y respaldo de varias organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso de medios de comunicación, no sólo logró que se reabriera el caso, encarcelará y sentenciaría al feminicida, esposo de su hija, sino que el caso llegara a cortes internacionales que obligaron al Gobierno del Estado de México modificar todo el caso para generar estándares de justicia y de no repetición.

Frente al Congreso mexiquense la señora Irinea Buendía lamentó que pese a que su caso fue uno de los más mediáticos a nivel nacional, decenas de operadores del sistema de justicia de todos los estados de México, no están aplicando los parámetros establecidos a los casos de feminicidio, contribuyendo con ello a la impunidad.

Por lo anterior, dijo, la propuesta de Ley “Mariana Lima Buendía”, que hoy entregó al Congreso del Estado de México y 16 entidades más, es necesario que aparezca en cada uno de sus Códigos penales, enfatizó.

La propuesta de la señora Buendía Cortez propone reformar el Código Penal Federal y del Estado de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley en la materia del Edomex, para que se obligue a todas las autoridades aplicar los parámetros que establece la sentencia para juzgar con perspectiva de género, sancionar las omisiones de los servidores públicos y reparar el daño causado así como la promoción de un cambio social y cultural.

Es de destacar que una de las innovaciones de la propuesta, es crear a nivel federal un nuevo supuesto de delito cometido por los servidores públicos contra la administración de justicia:

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

XXXVIII. Estando obligado investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.

A quién lo cometa se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.

También plantea que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, propone que al Ministerio Público, la Policía, los Jueces y Magistrados se les obligue a “Investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes”, tal y como lo ordena la sentencia de la SCJN.

Mientras que en el caso del Código Penal del Estado de México, propone crear el delito de Negación de la Justicia por Razones de Género:

Artículo 153 bis.- Comete este delito el servidor público de los órganos de procuración y administración de justicia que, Estando obligado investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.

A los responsables de este delito se les impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa y será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.

Además, la propuesta incorpora a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la obligación de la Fiscalía General de la República de “Investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes” e informar anualmente al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sobre los programas y cursos permanentes de capacitación a agentes del MP, peritos y personal que atiende víctimas, en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género.

A la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, también se propone agregar como competencia del Poder Judicial local, la misma obligación que a la FGR.

Se estable como derecho de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a que se le repare el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas y específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia, que no estaba contemplado en dicha ley.

De acuerdo con datos aportados por las organizaciones no gubernamentales que acompañan la propuesta de la señora Irinea Buendia, en los últimos 13 años, 165 mil 798 mujeres murieron de forma violenta en México; mientras que en los últimos 7 años el Secretariado Ejecutivo no registró 7,818 crímenes de mujeres.

Los activistas destacaron que sólo 20 por ciento de las muertes de mujeres que se registran en el país, son investigadas con perspectiva de género.