Con la Ley Juan Corrales, 40 por ciento de los 180 mil habitantes que tiene actualmente Almoloya de Juárez pasarían a ser parte del nuevo municipio.
El pueblo de San Francisco Tlalcilalcalpan que actualmente pertenece al municipio de Almoloya de Juárez, reinicia la lucha no solo para independizarse, sino para ser reconocido como municipio indígena, ya que su población es mayoritariamente otomí y mazahua.
Así quedó de manifiesto en la asamblea masiva que realizaron este domingo los pobladores de esa localidad, destacó Carlos Hernández Membrino, representante de la iniciativa de ley Juan Corrales, en entrevista exclusiva con COMUNICADORESMX.
Refirió que así se nombró a esa iniciativa en homenaje al dirigente campesino Juan Corrales, que en 1929 logró recuperar más de cinco mil hectáreas de tierras ejidales que en aquellos tiempos les habían arrebato a su pueblo.
“Entonces nosotros para recuperar el territorio propusimos una iniciativa de ley, en donde además de pedir la recuperación del territorio, también pedimos la recuperación del municipio indígena otomí”, expresó.
Recordó que en 1870 San Francisco Tlalcilalcalpan se constituyó en municipio indígena otomí, pero en 1892 el decreto respectivo fue derogado y la población formó parte, a partir de entonces de Almoloya de Juárez. Antes pertenecía al municipio Zinacantepec.
Hernández Membrino se quejó que todos esos movimientos se hicieron sin consultar la opinión de los habitantes de San Francisco para saber si querían o no ser de Almoloya de Juárez o no, por lo que ahora buscan recuperar esa identidad de municipio indígena con derecho a su territorio.
Estimó que aproximadamente 40 por ciento de los 180 mil habitantes que tiene actualmente Almoloya de Juárez pasarían a ser parte del nuevo municipio, el cual tendría como territorio entre el 30 y el 40 por ciento de los 438 kilómetros cuadros en que está ubicado Almoloya de Juárez.
Al narrar las diversas situaciones adversas que han enfrentado en esta lucha, la cual se detuvo el año pasado, entre otros motivos por la situación de la pandemia, el representante de la iniciativa Juan Corrales, señaló que a final de cuentas lo que el gobierno quiere es “apropiarse de las riquezas” que genera su territorio.
Al respecto denunció que a las autoridades estatales les interesa “administrar el agua potable de nuestra zona, porque en esta zona donde está nuestro ejido, corre mucha agua subterránea y han estado peleando ellos el agua potable”.
También dijo que para frenar su movimiento los han querido meter a una dinámica jurídica y someterlos a la política del gobierno del Estado de México, e incluso, los han amenazado con levantarles actas judiciales.
“…les dijimos ¡adelante! Si ya nos quitaron más de la mitad del territorio, ya nos quitaron la categoría de municipio indígena, es muy fácil que nos metan a la cárcel…”
Carlos Hernández se quejó de la marginación social que sufren los pueblos indígenas: “únicamente se acuerdan de ellos cuando hay elecciones, nos consideran como piezas decorativas…”
