Simulación y nula transparencia del Poder Ejecutivo.
El estado de México es una de las entidades que menos ha transparentado la aplicación de los recursos utilizados para enfrentar la pandemia por Covid-19, de acuerdo a Transparencia Mexicana y Tojil
Estas dos Organizaciones no Gubernamentales (ONG’S) contabilizaron que los gobiernos federal y de los estados, lanzaron apoyos por 636 mil 372 millones de pesos destinados a la pandemia, monto 20 veces superior al destinado a las tareas de reconstrucción tras los sismos de 2017.
Sin embargo, no todos los recursos son nuevos, en muchos casos se trata de la alineación de actividades previas a la atención de la emergencia sanitaria y de los efectos económicos y sociales que traerá consigo la pandemia.
De este monto total que se destina para atender el covid 19 (636 mil 372 millones de pesos), la mayor parte, es decir el 97.8 por ciento del total, proviene del gobierno federal.
Los gobiernos locales apenas destinan 13 mil 807 millones de pesos que significan 2.2 por ciento del monto general.
De los recursos de los estados, 848 millones son para la emergencia y 12 mil 957 millones para atender sus consecuencias, es decir en esta cantidad se encontrarían las económicas.
Menos de la mitad de los estados, (15) y el gobierno federal, publican en sus paginas web oficiales los recursos y montos destinados a enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Este es el caso de Chihuahua, Ciudad de México, el estado de México, Guerrero, Hidalgo Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Es decir, estos gobiernos sí dan cifras de lo que destinan para atender el Covid-19 y en primer lugar se encuentra Chihuahua con 3 mil 209 millones de pesos le sigue la Ciudad de México que es la entidad que tiene cifras más elevadas de contagios, defunciones y casos activos que destina 2 mil 405 millones de pesos.
El estado de México se encuentra en tercer lugar en cuanto a monto destinado según su página de transparencia al aplicar 2 mil 400 millones de pesos para atender la pandemia, pero no especifica la forma en que son distribuidos.
Un estado muy pequeño como es Tlaxcala destina 200 millones de pesos y en último lugar se encuentra Querétaro con 15. 6 millones de pesos
Aunque 15 estados han publicado sus montos, sólo Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tlaxcala distinguen qué recursos se destinarán a la emergencia sanitaria y cuáles a la mitigación de los efectos económicos.
Catorce abrieron sitios sobre las medidas sanitarias pero no hacen mención de los recursos, mientras que Campeche, Tabasco y Morelos son los únicos tres estados que no cuentan con sitio web especializado para informar a su ciudadanía sobre las acciones para atender la pandemia.
En cuanto a la página web del estado de México, los recursos referidos son generales no vienen desglosados y el espacio lo dedica más a las medidas sanitarias que hay que tomar, las cifras de contagios incluso por municipios pero no hay detalles de los recursos.
En esta semana, Guanajuato se sumó a la lista de seis gobiernos que están publicando información sobre sus contrataciones por casi 56 millones de pesos relacionadas con el Covid-19 en un micro sitio oficial habilitado en donde informa qué bienes y servicios se han comprado y a quién.
Este ejercicio ya lo hacían la ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. No obstante, la información que publican estos gobiernos todavía es desigual, no están homologados y al corte del 11 de mayo solo la Ciudad de México detallaba los servicios contratados incluyendo el Registro Federal de Contribuyentes del proveedor.
Otros gobiernos enlistan la información relativa a las adquisiciones y su modalidad de contratación pero no identifican proveedores a quienes se menciona solo por su razón social. Otras 26 entidades federativas y el gobierno federal no transparentan las contrataciones y es el caso del estado de México.
A decir de Transparencia Mexicana y Tojil, lo ideal es incluir montos, bienes o servicios contratados, razón social y RFC del proveedor. Asimismo, advierten que la función más importante de los congresos además de legislar, es la vigilancia del Poder Ejecutivo y siendo responsables de aprobar el presupuesto público, los diputados están obligados a verificar el destino final de estos recursos.
