viernes, enero 22, 2021
Piden investigar violencia política contra regidora de Nicolás Romero

Melva Carrasco Godínez, segunda regidora del ayuntamiento de Nicolás Romero, acusa represión del Presidente Municipal.

Por unanimidad, la Legislatura mexiquense aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Contraloría del Poder Legislativo y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), para que investiguen y sancionen actos de violencia política contra la segunda regidora de Nicolás Romero, Melva Carrasco Godínez.

La diputada Anaís Burgos Hernández detalló que en 2019, la regidora cuestionó en Cabildo, el ecocidio cometido en la ex fábrica de papel del Pueblo de Progreso Industrial y la falta de permisos para la tala de más de 2 mil árboles; al solicitar información sobre el proyecto, la respuesta fue que estaba resguardada por cinco años. Por estos hechos, el ayuntamiento dio de baja a su asesora jurídica, y después a otros dos miembros de su equipo de trabajo.

La regidora ha cuestionado los viajes del edil a España, y los resultados obtenidos y ha votado en contra de la contratación de un préstamo por 40 millones de pesos, así como la reducción del 50 por ciento de la dieta mensual de ediles para apoyar a los afectados por la pandemia, pues no se ha informado el destino del presupuesto, y ha votado en contra de la actualización de las tablas de valor del uso de suelo y construcciones, así como de otorgar una licencia de 100 días al edil.

El 17 de noviembre como una represalia más, se dio de baja a las dos últimas personas que quedaban en su equipo de trabajo y se desconoce la razón de los despidos de los cinco colaboradores.

“El cúmulo de acciones indirectas y repetitivas narradas anteriormente no sólo es una forma de discriminación, sino un ejercicio antidemocrático de la actividad de gobierno, que vulneran su carácter de representante popular, quebrantan sus derechos políticos, afectan a familias mexiquenses, así como a mujeres trabajadoras que habían desempeñado un trabajo público”, acusó la diputada Anaís Burgos.

Recordó que hoy la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, el Código Penal del Estado de México, el Código Electoral del Estado de México, obliga a todas las autoridades, a aplicar y velar por los derechos de las mujeres en la vida política, los cuales han sido incumplidos o quebrantados por los antes mencionados.

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