Sin sustento las acusaciones de la empresa Aleatica en contra del abogado Paulo Díez.
Hace cuatro años, el abogado Paulo Díez Gargari fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, por ultrajes y ofensas a autoridades del Estado de México, derivado de la denuncia que presentó la empresa Aleatica en septiembre de 2020.
El abogado de Infraiber, tras conocer la resolución en su contra acusó al juez de consigna de favorecer a la empresa que explota de forma ilegal el Viaducto Bicentenario. En ese momento publicó en sus redes sociales: “El juez de Barrientos resultó ser lo que me temía: un vulgar juez de consigna que le dio a @Aleatica_mx la mercancía por la que pagó: mi vinculación a proceso”, señaló el abogado a través de su cuenta de Twitter.

No obstante, este jueves 13 de marzo de 2025, Díez Gargari da a conocer a través de sus redes sociales que fue absuelto de las acusaciones en su contra.
“La corrupta Aleatica se lleva tremendo palo en tribunales. Dice la juez en sentencia definitiva que el daño moral que según los corruptos le ocasionaron mis manifestaciones sobre la grosera corrupción en el Viaducto Bicentenario, NO existe, por lo que me absolvió de todas las ilegales prestaciones reclamadas por Aleatica. Reitero lo dicho: 1) con verdades no se desprestigia a nadie; y 2) algunos ni para delincuentes sirven. ¿O no JS?”.
Díez Gargari, abogado especializado en caso el Aleatica, ha explicado en reiteradas ocasiones porqué el Viaducto Bicentenario administrado por esta empresa (antes OHL), debe ser regresado a la nación.
Lo anterior, ya que su operación que data de hace diez años es irregular pues la empresa de origen español edificó dicha infraestructura vial (segundo piso de periférico norte), sin contar con una concesión como lo ordenan y establecen las leyes mexicanas en la materia.
“El Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal (como lo son todas las vías generales de comunicación), que Aleatica (antes OHL) ha explotado ilegal e impunemente durante más de 10 años, sin concesión del Gobierno Federal otorgada por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (la SICT)”.
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