Operativo contra tala desencadena enfrentamiento

Inspectores de Profepa y policías fueron agredidos

Tras asegurar un aserradero que presuntamente operaba de forma ilegal, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), así como elementos de seguridad estatal, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por personas, presumiblemente, que se desempeñaban en la periferia de la comunidad de Santa Lucia.

Reportes preliminares de vecinas y vecinos de Ocuilan, municipio que se caracteriza por contar con extensas zonas boscosos y por ende con una presencia relevante de personas que se dedican a talar árboles de forma ilegal, indican que la agresión dejo como saldo una persona lesionada, presuntamente de las fuerzas del orden.

En los videos difundidos en redes sociales sobre dicho suceso se puede observar a varios sujetos en movimiento en un campo despoblado y escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Los desconocidos, presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la tala clandestina, lograron escapar, ya que la autoridad, hasta la noche del miércoles, no había realizado ningún tipo de reportes sobre la detención de alguna persona.

Es de destacar que en el lugar los agresores prendieron fuego a dos vehículos oficiales, una patrulla y unidad de Profepa.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el operativo contra la tala ilegal transcurría de forma “normal”, pero tras asegurar maquinaria (de alto valor) con la que se cometía la conducta prohibida, varias personas que aparentemente se desempeñaba en el lugar, arremetieron de forma violenta en contra de todos los funcionarios que participan en el dispositivo.

“Algunos son de las comunidades aledañas, algunos otros de los agresores, entendemos, que viene del estado de Morelos y de la periferia de la Ciudad de México”, indicó la fuente.

Es de destacar que en el territorio municipal de Ocuilan opera más de una decena de aserraderos, de los cuales más de la mitad, presumiblemente, no cuentan con los permisos suficientes para mantener su actividad.

Por lo que cuando advierten que llega la inspección de Profepa u otras instancias gubernamentales, sus “dueños” y/o “operadores” optan por cerrar sus puertas para que ningún verificador tengan acceso.