Por Miriam Pascual Jiménez*
Este 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, abundan los discursos que nos llaman “guardianas de la tradición”, o en “el año de la mujer indígena”, las “tejedoras de la patria”. Palabras que confirman que las mujeres indígenas seguimos siendo tratadas como accesorios de los discursos oficiales y comunitarios, más que como sujetas plenas de derechos.
Cómo olvidar el acto oficial en Campeche, donde la Gobernadora junto con la Presidenta de la República, afirmaron que “lo peor que te puede pasar es nacer mujer, indígena y pobre”, como si la desigualdad fuera una condición natural y no el resultado de siglos de opresión, racismo y patriarcado. Esa frase encierra una trampa: por un lado visibiliza la discriminación, pero por otro nos estereotipa, nos reduce a víctimas pasivas y nos niega la posibilidad de ser vistas como profesionales, abogadas, lideresas, médicas, o defensoras. Y lo peor: cuando no encajamos en esa cuota de “mujer indígena, pobre, y callada”, cuando levantamos la voz, entonces ya no servimos para el relato.
Las mujeres indígenas vivimos entre dos jurisdicciones para acceder a la justicia: la estatal y la comunitaria. La justicia del Estado suele ser lejana, burocrática y muchas veces inaccesible, porque carece de traductores, médicos legistas o ministerios públicos con perspectiva intercultural. La jurisdicción indígena, por su parte, ha sido un mecanismo de justicia accesible, cercano, comprensible, en el que las mujeres participamos para transformar día con día la normativa comunitaria, ejemplo de ella es mi abuela Sara, quien, siendo una niña de los 11 años, fue auxiliada por su padre para desafiar a la tradición del matrimonio forzado, y que hoy, me permite ser dueña de mi destino, y aportar libremente a mi región, la Sierra Juárez, que no sólo es Cuna del Benemérito de las Américas, sino un territorio zapoteco ancestral en resistencia.
En conjunto con la valentía de otras mujeres en uso de la gobernanza comunitaria, logramos en 2020 ser zona libre de contagios durante la pandemia por COVID-19; en 2021, conseguimos la recuperación de una niña desaparecida; en 2022, la primera detención por tentativa de feminicidio; en 2024, la primera orden de protección incorporada al Banco Nacional de Órdenes de Protección; en 2025, se consolidó un mecanismo de protección comunitaria, que ha sido aplicado en diversas comunidades de la región.
Comparto que este 2025, ha sido un año complejo para mi como mujer zapoteca y abogada, pues estoy viviendo una experiencia que me marca profundamente: por exigir justicia en 2020 para una mujer indígena que había sido agredida sexualmente en la calle, cinco años después, se está utilizando el máximo órgano comunitario de la comunidad en donde vivo, no para proteger a la víctima, sino para hostigarme por atreverme a romper el silencio, y usarme como distractor ante el desvío de recursos de hombres privilegiados, encarcelando a mi esposo por defenderme. Esto es muy grave, porque significa que se debilita la Asamblea, se normaliza la impunidad, y se manda el mensaje de que exigir justicia es un acto castigable.
Quien asegure que en nuestras comunidades no hay discriminación contra las mujeres, es porque no vive en la cotidianidad, en el día a día en el territorio, o porque claramente, tiene privilegios que defender y proteger. Al castigar a las mujeres que alzamos la voz, el machismo comunitario nos divide y nos distrae de nuestra verdadera lucha por la tierra, la justicia y una vida digna. Pero no soy la única, situaciones parecidas han sido enfrentadas por nuestras abuelas, y todas las mujeres que nos antecedieron, y que rompieron silencios mucho más duros.
Hoy, en el Día Internacional de la Mujer Indígena, digo con claridad: no somos accesorios institucionales, somos sujetas de derechos. Hemos demostrado que desde nuestras comunidades también podemos generar justicia, y que el respeto a nuestra diversidad cultural solo será verdadero cuando la legislación nacional respete nuestra gobernanza interna, elimine prácticas racistas, y discriminatorias.
La lucha de las mujeres indígenas por la justicia no es solo un eco de una resistencia ancestral; es un enfrentamiento directo con una fuerza que se niega a ceder. La opresión patriarcal no es una tradición que simplemente persiste, sino una resistencia activa que se manifiesta en la negación de derechos y en el castigo a quienes alzan la voz. Es la negación de la gobernanza comunitaria para abrazar el cambio, la resistencia de hombres que prefieren que sus privilegios prevalezcan antes que fortalecer a sus comunidades. Esta no es una batalla contra el pasado, sino contra el presente y la profunda renuencia a ceder el poder, incluso cuando cederlo es lo que se necesita para sanar y fortalecer a nuestros pueblos.
Sin nosotras, no hay futuro posible, porque como dice la hermana Julieta Paredes, somos la mitad de la población, la mitad de cada comunidad, la mitad de sus problemas, y la mitad de sus soluciones.
La justicia comunitaria debe ser una herramienta para la justicia para todas y todos, no una excusa para mantener viejas opresiones. Al unirnos y reconocer los derechos de las mujeres, fortalecemos a nuestros pueblos y construimos un futuro en el que la dignidad y la igualdad sean la base de nuestra resistencia.
*Miriam Pascual es zapoteca, abogada, comunicadora comunitaria. Ha dedicado su vida a la promoción, defensa, y resignificación de los derechos humanos, su trayectoria ha sido reconocida organismos nacionales, e internacionales como ONU, UNESCO, entre otras. miriam.ddhh@gmail.com
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