A propuesta de le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena), la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobó tipificar el transfeminicidio como delito y establecer sanciones de hasta 93 años y cuatro meses de prisión. Con esta iniciativa se busca proteger a las mujeres trans y fortalecer la justicia frente a los crímenes de odio.
La iniciativa, por la cual se reformará el Código Penal estatal, establece que cometerá el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans, o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer, en un contexto de discriminación.
Se establece que existen razones de identidad o expresión de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando haya sufrido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, ya sean previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia. Asimismo, se considerará que existen dichas razones cuando haya antecedentes o indicios de que el sujeto activo haya ejercido violencia familiar, institucional, política, comunitaria, laboral o escolar; o cuando entre la víctima y el agresor haya existido una relación sentimental, afectiva, de subordinación o de confianza.
Así como cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; el cuerpo de la víctima sea exhibido, expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; cuando la comisión del delito o el cuerpo de la víctima se exponga, difunda, publique o transmita, a través de cualquier tecnología de la información, comunicación, transmisión de datos o se comparta por cualquier medio; cuando el cuerpo de la víctima presente señales de ensañamiento vinculadas con su identidad o expresión de género, ya sea de manera directa en su persona o a través de sus objetos personales que resulten distintivos de dicha identidad o expresión.
Y cuando testigos o evidencia indiquen que, previo o posterior al delito, el sujeto activo utilizó expresiones verbales que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género; la víctima sea despojada de elementos distintivos de su identidad o expresión de género o artículos personales de la víctima sean intercambiados por artículos relacionados con el género opuesto; y cuando el sujeto activo argumente la comisión del delito de forma expresa por motivos de identidad o expresión de género en contra de la víctima.
Las penas para este delito serán de entre 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días multa, aunque se agravarán hasta en un tercio cuando la víctima sea menor de edad, así como cuando el sujeto activo sea persona servidora pública y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición, por lo cual se llegaría hasta 93 años y cuatro meses de prisión y hasta 6 mil 666 días multa.
Además, en los casos que corresponda, el sujeto activo perderá los derechos civiles y familiares en relación con la víctima, incluidos los sucesorios.
Al respecto, le diputade Luisa Esmeralda Navarro reconoció la lucha histórica de la comunidad de mujeres trans y aseguró que hoy, en el Congreso mexiquense, se reafirma su compromiso con la construcción de un Estado de México más justo, digno, plural, empático e inclusivo para todas las personas. Enfatizó que reconocer y sancionar el transfeminicidio no sólo responde a una exigencia social urgente, sino que honra el deber constitucional de proteger la vida, la igualdad y la no discriminación. Agradeció al legislador José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, por respaldar la iniciativa.
Finalmente, la congresista Ruth Salinas Reyes (MC) lamentó que se critique a las personas que decidieron ser diferentes a lo históricamente establecido, y recordó que antes se consideraba innecesaria la tipificación del feminicidio en la entidad, como ahora lo tratan de hacer con el transfeminicidio, por lo que aseguró que hoy toca plasmarlo en la legislación. Además, indicó que debería perfeccionarse para considerar casos de reincidencia.
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