Por unanimidad, con 109 a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen con el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
La reforma constitucional busca que en su momento se expida una ley que establezca el tipo penal y las sanciones para este delito, que permitan una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, además de fortalecer al Estado mexicano para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
El dictamen, que surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destaca que esta reforma no tiene impacto presupuestario adicional para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes.
Refiere que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, pues el delito se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas de la República.
Por ello, con esta reforma, destaca el documento, se dota al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de la legislación general orientada a establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas.
Además de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños y fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, además de contemplar la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Esta población, señala el texto, enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos, de ahí que el Estado debe reforzar la protección y garantizar atención integral, acceso a servicios de salud física y mental, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación integral del daño.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que esta reforma es de la mayor trascendencia histórica y humanitaria, pues habla de vidas que ya no están y de las que aún se pueden salvar, por eso no se habla sólo de leyes, sino de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar.
Refirió que el 90 por ciento de los feminicidios en México se consuman por parte de la pareja actual, de la expareja, de familiares y de amigos, y por eso hay una deuda histórica con las mujeres, llena de omisiones, impunidad y silencios, pues en todo el país existe este delito.
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