Por Veneranda Mendoza
La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, denunció a cuatro periodistas locales, a quienes exige medio millón de pesos por concepto de reparación del daño.
La edil acusa presunta violencia digital: ataques en redes sociales; publicaciones, transmisiones y comentarios con información falsa; insultos, hostigamiento, intimidación y violencia psicológica; así como sarcasmo, ironía y daño a la reputación de la mujer.
Pese a que las acusaciones tienen que ver con el ejercicio de la función pública, la denunciante afirma que el recurso fue promovido en su calidad de ciudadana. A la par, elementos de la policía municipal se encargaron de la entrega de los citatorios a los denunciados.
Nápoles Pacheco señaló que el trabajo periodístico de los denunciados la revictimiza constantemente al recordar el presunto secuestro del que recientemente fue víctima; hecho que, en su momento, fue informado por ella misma a través de sus redes sociales.
En su espacio informativo «La Madeja Política de Tenancingo», Ángel Ávila, Alejandro López, Ramón Castañeda y Arturo Escobar han documentado, mediante solicitudes de transparencia, presuntas irregularidades operativas en la distribución de agua potable, fallas en el alumbrado público, sobrecostos en obras y posibles casos de nepotismo al interior del ayuntamiento.
En la carpeta 275/2026, iniciada ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia de Metepec, la alcaldesa morenista solicita que cada uno la indemnice con 125 mil pesos.
Los reporteros arguyen que la demanda tiene su origen en publicaciones e investigaciones periodísticas sobre temas de interés público vinculados a la administración municipal.
Por tanto, acusan un intento directo y sistemático por silenciar las investigaciones que exponen las deficiencias de la administración municipal.
La agrupación «100 periodistas por el Estado de México» solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez, del fiscal José Luis Cervantes y del Congreso mexiquense para evitar que se criminalice el ejercicio periodístico.
Desde su punto de vista, el caso abre el debate sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos de los servidores públicos.
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