A través de un comunicado, la colectiva Madres, Esposas, hijas y hermanas de Falsos Culpables de PIDH, dan a conocer una serie de atropellos a una abogada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) que la han obligado a presentar su renuncia a ese organismo.
La CODHEM viola los derechos humanos, legitima la violencia de género y la discriminación por ser mujer, de una destacada y brillante funcionaria. «Exigimos como mujeres que se inicie una investigación en contra del titular de la CODHEM por legitimar estas graves violaciones de derechos humanos y por proteger a los violentadores».
La abogada Nancy Rocío Durán Barrios, informó que hace unos días se vio obligada a presentar su renuncia a la CODHEM, “no por voluntad libre ni espontánea, sino derivado de un contexto sistemático de acoso, hostigamiento laboral y violencia institucional, presuntamente ejercido por el Visitador Alejandro Zamora Vázquez, actual Visitador de Supervisión Penitenciaria de la propia institución, así como por el Visitador de Atlacomulco, Jesús Edgardo Núñez Torres”.
Dicha situación, agregó, fue oportunamente hecha del conocimiento del Presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo, “a quien solicité apoyo e intervención institucional ante la gravedad de los hechos; sin embargo, no recibí atención ni respuesta efectiva. De igual manera, los hechos fueron puestos en conocimiento del Órgano Interno de Control, donde existen procedimientos administrativos relacionados, sin que hasta el momento se advierta una actuación diligente, efectiva o protectora frente a los actos denunciados. Asimismo, acudí a la Unidad de Igualdad de Género, sin obtener medidas reales de protección ni atención adecuada”.
La abogada dijo que en lugar de encontrar respaldo institucional en una dependencia cuya razón de ser es la defensa de la dignidad humana y la protección de derechos fundamentales, “me enfrenté a la indiferencia, omisión y revictimización institucional”.
Es por ello que el día 16 de junio de 2026 fue citada a las 13:30 horas en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca. No obstante, el personal jurídico de la CODHEM arribó aproximadamente hasta las 15:00 horas, y “posteriormente se me pretendió imponer la firma de un convenio claramente redactado en función de los intereses de la institución, sin que previamente fueran atendidos, investigados o siquiera escuchados los verdaderos motivos que originaron mi renuncia forzada”.
Ante estos hechos, la abogada permaneció varias horas en las instanaciones del Tribunal, “siendo retenida de facto por personal del área jurídica de la CODHEM hasta aproximadamente las 18:00 horas, bajo presión y condicionamiento respecto de un cheque aproximado por la cantidad de $7,000.00 pesos, suma ofensiva e incongruente frente a aproximadamente 11 años de servicio, pretendiendo supeditar su entrega a la firma de un convenio que implicaba aceptar condiciones ajenas a una verdadera voluntad libre e informada”.
Durán Barrios señaló que ante su negativa de firmar un documento redactado unilateralmente a conveniencia de la institución, el propio personal jurídico evidenció incertidumbre sobre cómo proceder, “llegando incluso a proponer trasladarme a un café internet para redactar nuevamente mi renuncia y posteriormente llevarme a las instalaciones de la CODHEM con el titular del área jurídica, Juan Llaredo Sánchez, a efecto de ‘dejar cerrada’ mi renuncia”.
“Aunado a ello, me fue retenida documentación laboral ya firmada de recepción, consistente en FUMP de baja, documentación administrativa y demás constancias, bajo el argumento de no haber suscrito el convenio previamente elaborado por el área jurídica de la institución”.
Para la ex trabajadora de ña CODHEM, resulta profundamente alarmante y contradictorio que una institución creada para proteger derechos humanos incurra, presuntamente, en prácticas de presión, condicionamiento, omisión institucional, violencia laboral y vulneración a la dignidad de sus propias trabajadoras y trabajadores.
“La protección de los derechos humanos no puede convertirse en un discurso institucional vacío mientras, al interior, se normalizan actos que afectan la integridad emocional, laboral, económica y humana de quienes forman parte de ella. Ninguna institución, por poderosa que se considere, puede colocarse por encima de la ley ni asumir facultades para vulnerar derechos fundamentales con absoluta impunidad”.
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