Familiares de 10 servidores públicos acusados de presunta venta de plazas de la Secretaría de Educación relizan una manifestación frente a la sede del Poder Judicial.
Denuncian que las detenciones constituyen un acto de opacidad institucional que busca proteger a los altos mandos de las dependencias involucradas, señalando de manera directa la existencia de una red de corrupción donde los detenidos operaban únicamente como ejecutores de órdenes jerárquicas.
Ramón López Marín, portavoz de las familias afectadas y tío del imputado Óscar López Tercero, detalló que el operativo de captura se llevó a cabo con un uso desproporcionado de la fuerza pública y de forma arbitraria en las inmediaciones de los centros laborales ubicados en la vialidad Morelos, a la altura de la Bombonera.
Los manifestantes sostienen que las autoridades ministeriales violentaron el principio de legalidad al omitir la lectura de los derechos constitucionales de los trabajadores al momento del arresto.
IRREGULARIDADES EN CATEOS Y DEBIDO PROCESO
El trasfondo del caso devela un patrón de presuntas irregularidades en los actos de molestia posteriores a las capturas. Según el testimonio de los afectados, cuatro horas después de haberse efectuado las detenciones —cuando los imputados ya se encontraban bajo custodia del Ministerio Público—, elementos de seguridad pública irrumpieron en los domicilios particulares mediante la fractura de cerraduras, provocando destrozos y situaciones de vulnerabilidad para los menores de edad presentes, a pesar de la total disposición de los residentes para coadyuvar con las diligencias de inspección.
«A las 8 de la noche van y catean la casa… Les pregunté el motivo del cateo y me dijeron: ‘no, lo único que queremos es agarrar a la persona’, pero ya la tenían detenida. (…) Ellos botaron las chapas y espantaron a los niños», declaró López Marín.
INCONGRUENCIA FINANCIERA Y EXIGENCIA DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Una de las principales líneas de defensa que argumentan los familiares es la evidente disparidad entre el monto económico del presunto fraude —el cual asciende a sumas millonarias— y la condición socioeconómica de los trabajadores subordinados.
Ante esta situación, han solicitado formalmente a la autoridad judicial la apertura de una investigación patrimonial exhaustiva que contemple el rastreo de cuentas bancarias y bienes inmuebles de los diez detenidos, argumentando que sus perfiles corresponden estrictamente a la clase media-baja y que no existe un enriquecimiento ilícito que sustente la acusación.
Finalmente, informaron que afuera del penal de Santiaguito donde se encuentran los detenitos también se realiza una manifestación.
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