Familiares, activistas y ciudadanos se congregaron a las afueras de la Torre II de Juzgados de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca para exigir justicia expedita y el esclarecimiento del homicidio de Lili, una joven que perdió la vida tras ser arrollada por una unidad de la Policía Municipal. Durante la movilización, se hicieron públicas diversas irregularidades que apuntan a una presunta cadena de negligencias oficiales y violaciones al debido proceso.
CONTEXTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS
El percance vial que motivó la protesta ocurrió el pasado 30 de octubre a las 17:52 horas en la intersección de la Avenida Las Torres y la calle Pino Suárez. De acuerdo con los testimonios de los afectados y los peritajes iniciales recabados, los elementos de seguridad pública que tripulaban la patrulla municipal ignoraron la luz roja del semáforo, impactando de forma directa contra una motocicleta y otros cinco vehículos particulares que se encontraban detenidos en el cruce.
A causa del fuerte impacto, Lili falleció en el lugar, mientras que otra persona sufrió lesiones de gravedad que requirieron hospitalización urgente.
Verónica Manjarrez Vilchis, madre de la víctima, informó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha tomado conocimiento del caso y ha documentado diversas anomalías en la actuación de los primeros respondientes. Entre las violaciones más severas a los protocolos de actuación destacan:
Ruptura de la cadena de custodia: No se realizó la debida preservación de la escena del crimen ni el embalaje técnico de los indicios y elementos materiales probatorios.
Retraso en el auxilio médico: Los servicios de emergencia y las corporaciones de apoyo tardaron más de una hora en arribar al sitio para brindar atención a las víctimas y abanderar el área.
Nulo avance interno: La Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca no ha ejercido acciones administrativas sustanciales en contra de los elementos involucrados.
Acoso institucional: Los deudos denunciaron que, lejos de recibir acompañamiento o la reparación integral del daño, han sido objeto de hostigamiento y de intentos de censura económica por parte de representantes municipales.
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS IMPLICADOS Y DEL PROCESO PENAL
El estado actual del proceso penal en contra de los servidores públicos involucrados ha generado indignación entre los familiares:
Estado laboral de la tripulación: En la unidad viajaban tres agentes de la policía local. Al momento, uno de ellos ha sido destituido de su cargo, otro continúa bajo investigación administrativa y el conductor imputado directamente por el homicidio sigue en activo dentro de la corporación.
Medidas cautelares: El oficial imputado enfrenta el proceso judicial bajo la medida de libertad condicional tras haber exhibido una fianza de 150 mil pesos, monto que fue cubierto en su totalidad por la empresa aseguradora contratada por el municipio.
Recusación de la juzgadora: La parte civil solicitó formalmente la sustitución de la jueza Clara, argumentando un actuar deficiente en las etapas iniciales, dado que en el primer informe policial y de detención se omitió registrar la calidad de servidor público en funciones del imputado.
Reclasificación del delito: La asesoría jurídica de las víctimas buscará que el cargo se modifique a homicidio culposo con agravantes específicas por la condición del operador. Asimismo, se prevé que el Ministerio Público presente las conclusiones de la investigación complementaria y que la defensa legal del policía solicite la apertura de un procedimiento abreviado.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán las movilizaciones y el escrutinio público sobre el Poder Judicial del Estado de México para evitar que la investidura de los elementos de seguridad pública se traduzca en impunidad procesal.
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