Vecinos de la comunidad del Paraje Fimesa 1, 2 y 3, pertenecientes al municipio de Tultitlán, Estado de México, realizan una manifestación frente a Palacio de Gobierno para exponer una serie de graves problemáticas que arrastran desde hace dos años.
De acuerdo con Iván Fuentes Vázquez, representante jurídico de la comunidad, la alcaldesa Elena García, —antes de dejar el cargo y separarse de su administración— re bautizó arbitrariamente la colonia como «La Cuarta Transformación», modificando la nomenclatura de las calles con nombres como Calle del Bienestar, Madres Trabajadoras e Internet para Todos.
De igual forma, los pobladores documentaron mediante escrituras públicas que la exalcaldesa solicitó ante notario el pago de 56 millones de pesos del erario municipal para comprar supuestamente su propia colonia y cambiarle el nombre; sin embargo, las respuestas de los organismos de transparencia indican que dichos montos ya no se encuentran registrados, violentando la constitución local que prohíbe a un municipio adquirir colonias ya establecidas.
Los manifestantes agregaron que hace unos días, personal del ayuntamiento, portando chalecos y equipo oficial, acudió a demoler 17 viviendas de manera simultánea sin contar con órdenes judiciales ni procedimientos administrativos de una autoridad competente, afectando el patrimonio de familias que hoy continúan habitando entre escombros con apoyo solidario de la misma comunidad (agua, luz y materiales provisionales).
Los afectados señalaron que, aunque existen 96 carpetas de investigación integradas por diversos delitos en combate a la corrupción en Toluca —incluyendo abuso de autoridad, cohecho y desvío de recursos públicos—, a más de un año de haber sido interpuestas, ninguna ha avanzado ante un juez de control.
La misma suerte corrió el tradicional panteón de San Francisco Chilpan, con más de 100 años de antigüedad y construido por los propios pobladores, que ya fue absorbido arbitrariamente por el municipio para reclamar como propiedad pública y comercializarlo a perpetuidad, afectando los derechos adquiridos de las familias sobre sus difuntos.
Ante este panorama, la comunidad anunció que entregará formalmente ante las instancias correspondientes la solicitud para reactivar y dar cumplimiento inmediato a las carpetas de investigación, exigiendo que se castigue a los responsables de lo que califican como una flagrante violación a sus derechos humanos y a su dignidad como ciudadanos.
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