De acuerdo a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), el feminicidio de Dafne Zapata evidenció el riesgo a la vida e integridad a los que están expuestos niñeces y adolescencias por la falta de supervisiones efectivas y adecuada coordinación entre autoridades.
Aunque el 27 de julio de 2026, el secretario de Educación Pública afirmó que la educación “militarizada” no está permitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y tampoco lo está por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la realidad es otra.
De acuerdo con el sitio digital de la Secretaría de Educación del estado de Tamaulipas, la Academia Militarizada de Marina Doenitz se encuentra registrada ante dicha autoridad educativa para prestar el servicio educativo a nivel secundaria con la clave 28PST0049L.
Por lo anterior, la autoridad educativa local debía supervisar que dicha escuela actuara dentro del marco jurídico educativo constitucional y legal. Pero incluso, aunque la escuela no estuviera registrada, es obligación de las autoridades educativas detectar, por sí mismas o en coordinación con otras autoridades, establecimientos que ofrezcan cualquier tipo de servicio educativo sin estar autorizados.
Sumado a lo anterior, no existen mecanismos efectivos de supervisión a nivel federal. Distintas autoridades han llamado la atención a la SEP para cumplir con obligaciones de supervisión efectiva.
La ODI documenta las irregularidades en las que ha incurrido la SEP, dependencia que ha sido señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por omisiones en las supervisones escolares.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) ha informado a la SEP en diversas ocasiones de la necesidad de verificar y, en su caso, modificar los mecanismos de supervisión de escuelas particulares, sin que a la fecha se haya hecho ese análisis.
Las autoridades educativas que deben intervenir en la supervisión de particulares que prestan servicios educativos a niñeces y adolescencias, actúan tarde, y cuando el caso se ha vuelto mediático.
De acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger a niñeces y adolescencias frente a todo tipo de violencia que pudieran realizar empresas. Bajo las normas mexicanas la SEP y las autoridades educativas locales están obligadas a supervisar a quienes prestan servicios educativos para evitar que en ese marco se vulneren derechos.
Sin embargo, actualmente no existe una coordinación adecuada entre la SEP, las autoridades educativas locales y otras autoridades administrativas (como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), autoridades de verificación administrativa o de seguridad civil) que deben intervenir para detectar irregularidades en escuelas particulares y otros centros que ofrecen servicios educativos o extraescolares; tampoco existen mecanismos de supervisión efectiva de establecimientos o empresas educativas o que tienen contacto con las niñeces con el objetivo de evitar cualquier tipo de violencia o daños a su integridad.
El feminicidio de Dafne Zapata en el contexto de una escuela “militarizada” demuestra el riesgo a la vida e integridad a los que están expuestos niñeces y adolescencias por la falta de supervisiones efectivas y adecuada coordinación entre autoridades. Otro caso reciente que expone el riesgo por falta de supervisión son los actos de violencia contra personas adolescentes denunciados en la escuela normal rural Mactumactzá en Chiapas.
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