El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de dos alcaldes de esa entidad, a fin de que enfrenten sendos procesos penales ante dos investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), en relación con el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán y la desaparición del empresario Héctor Ramos y su escolta Ignacio López.
Se trata de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente; ambos de Movimiento Ciudadano.
En sesión privada y de acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, previo al análisis de cada dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, declaró al Pleno Jurado de Procedencia.
Seguidamente, se realizó la lectura de los dictámenes y las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora (instancia encargada del procedimiento y de la realización de las audiencias de pruebas y alegatos entre los involucrados y representantes de la Fiscalía General del Estado).
Conforme a la normatividad y para garantizar el derecho de audiencia, se concedió a cada uno de los munícipes, por separado, el uso de la voz para expresar lo que a sus intereses conviniera. En cada acto, se retiraron del Recinto los servidores públicos y su defensa legal.
La Constitución Política del estado de Veracruz establece, en la fracción XXV del Artículo 33, que es atribución del Congreso declarar si ha lugar o no a proceder contra los servidores públicos que hubieren sido acusados por la comisión de algún delito. Y en el Artículo 78, precisa lo anterior en relación con la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo en contra de las y los presidentes municipales o de concejos municipales, entre otras autoridades.
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