El pasado 17 de julio de 2026, la detención de Jesús Plácido Galindo —promotor e integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)— marcó un punto crítico en la escalada de criminalización contra los movimientos sociales y comunitarios en la región de la Montaña baja y la Costa Chica de Guerrero. Galindo fue interceptado en un retén militar y policial cuando se trasladaba a Acapulco para atender una supuesta convocatoria de diálogo institucional emitida por la subsecretaría de Desarrollo Político y Social del estado.
Lejos de garantizar la seguridad de quien contaba con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde enero de 2021, las instituciones estatales participaron en un operativo desproporcionado donde se destruyó su botón de pánico. Tras permanecer incomunicado y en desaparición de facto durante más de 30 horas, el defensor fue trasladado de manera irregular en helicóptero al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 «Altiplano», en el Estado de México.
Especialistas en derecho penal han señalado la gravedad de recluir en un penal de máxima seguridad a un activista acusado de delitos del fuero común, desvinculándolo por completo de su entorno, su familia y una defensa legal adecuada.
La persecución contra Jesús Plácido Galindo no constituye un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la labor de resistencia que el CIPOG-EZ ha mantenido frente a la operación del grupo narcoparamilitar conocido como «Los Ardillos». Informes documentados por el Centro de Derechos Humanos La Chinantla de la Montaña y diversas organizaciones sociales señalan que este grupo delictivo opera bajo redes de protección institucional y política en la región.
La situación se agravó de manera notable en mayo de 2026, en el marco del desplazamiento forzado de comunidades como Tlaquiltepec, Acaxochitlán y Alcosacán. En ese periodo, Plácido Galindo denunció públicamente que funcionarios estatales habrían sostenido reuniones con líderes de la citada organización criminal para negociar territorios previamente despojados a los pueblos originarios. Como respuesta a estas denuncias y a la defensa histórica de la tierra, el agua y la autonomía comunitaria, el proceso organizativo ha contabilizado más de 80 asesinatos y decenas de desapariciones de habitantes vinculados a la defensa comunitaria, consolidando un entorno de hostigamiento donde la protesta social es tratada como delincuencia.
IRREGULARIDADES PROCESALES Y RIESGO HUMANITARIO
El expediente judicial que enfrenta el defensor está marcado por vicios de origen, testimonios inconsistentes, firmas presuntamente falsificadas y la aplicación desproporcionada de medidas cautelares. A esta vulneración del debido proceso se suma una crisis humanitaria crítica: Plácido Galindo padece diabetes, vive en condiciones de aislamiento estricto, carece de visitas regulares de sus familiares y se le ha negado la valoración por parte de personal médico de su confianza, lo que pone en inminente riesgo su salud física y emocional.
Organizaciones sociales, redes de derechos humanos y pueblos originarios han exigido la intervención inmediata de las instancias federales y estatales para garantizar la libertad absoluta del activista, el cese de las campañas de difamación en medios de comunicación y el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las comunidades que defienden el territorio en México.
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