Habitantes de fraccionamientos como Valle de las Fuentes y Bosques de las Fuentes denuncian que, desde hace dos meses, los olores fétidos provenientes del resunto relleno sanitario se perciben las 24 horas y a distancias de hasta 7 kilómetros.
Señalan que el tiradero, con 20 años de operación (superando su vida útil estimada), recibe actualmente la basura de 13 municipios, a los que se sumaron 76 toneladas diarias tras el cierre de un tiradero en Xonacatlán.
Acusan la creación de una laguna clandestina de aguas negras provenientes de plantas tratadoras deficientes en un predio ejidal tipo mina, lo que pone en riesgo los mantos acuíferos de la región.
De igual forma reprochan que las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Calimaya, se deslinden argumentando falta de jurisdicción, mientras que instancias como Profepa y Propaem han omitido realizar inspecciones a fondo.
Es por ello que residentes de diversos desarrollos habitacionales alzaron la voz para exigir una intervención urgente de los gobiernos estatal y federal ante lo que califican como una «simulación institucional».
De acuerdo con los testimonios recabados de representantes vecinales como Gabriela y Enrique Toscano, la situación se ha tornado insostenible. El relleno sanitario local, que originalmente tenía un periodo de vida útil de 13 años, hoy opera rebasado con dos décadas de antigüedad, despide lixiviados y olores tóxicos que afectan a más de 450 casas en Valle de las Fuentes, 1,200 en Bosques de las Fuentes, así como a comunidades de San Andrés Ocotlán, San Antonio la Isla y San Lucas.
Aunado al problema de la basura, los vecinos advirtieron sobre la formación de un grave foco de infección debido al depósito ilegal de aguas negras en una mina ejidal situada a espaldas de los residenciales, líquido contaminante proveniente de plantas tratadoras inoperantes y de desarrollos colindantes. Esto, alertan, amenaza directamente con contaminar los pozos de agua potable de la zona.
Finalmente, los colonos exigieron a las autoridades competentes realizar una inspección formal del basurero, frenar la impunidad de los mandos que se niegan a actuar y atender una crisis que deteriora el valor de sus viviendas y vulnera gravemente su salud y bienestar.
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