La organización respaldó la presentación de Sudáfrica ante la CIJ y pidió a otros Estados adoptar medidas para exigir el cumplimiento de las órdenes del tribunal.
La presentación de pruebas realizada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el presunto incumplimiento de las medidas provisionales dictadas contra Israel en el caso de genocidio en Gaza debe impulsar a otros Estados a ejercer presión para que se acaten dichas órdenes, consideró Amnistía Internacional.
La organización señaló que Sudáfrica sostiene ante la CIJ que Israel no ha cumplido las medidas provisionales establecidas por el tribunal para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, afirmó que desde que la CIJ dictó las primeras medidas provisionales, en enero de 2024, las autoridades israelíes han continuado realizando acciones que, de acuerdo con la organización, vulneran los derechos de la población palestina protegidos por la Convención sobre el Genocidio.
Amnistía sostuvo que persisten restricciones para el ingreso y distribución de alimentos, combustible, suministros médicos y materiales necesarios para la reparación y reconstrucción, además de obstáculos para la labor de organizaciones humanitarias.
La organización recordó que, en enero de 2024, la CIJ ordenó adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de servicios básicos y asistencia humanitaria urgente, disposición que fue reiterada en marzo y mayo del mismo año.
Asimismo, Amnistía acusó a las autoridades israelíes de limitar el acceso de medios de comunicación internacionales, organismos de derechos humanos y personal investigador a Gaza, además de señalar que se ha impedido el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a personas palestinas detenidas.
La organización consideró que estas restricciones también afectan la preservación de pruebas relacionadas con las denuncias de actos de genocidio, una de las obligaciones establecidas por la CIJ.
Amnistía Internacional también cuestionó que, según su evaluación, no se hayan investigado ni llevado ante la justicia declaraciones de funcionarios israelíes que considera de carácter genocida, y señaló que continúa una retórica que, a su juicio, deshumaniza a la población palestina.
Respecto a la situación posterior al alto el fuego declarado en octubre de 2025, la organización afirmó que, aunque se han registrado algunas mejoras humanitarias y una reducción en la magnitud e intensidad de los ataques, continúan los bombardeos, la destrucción de infraestructura civil, los desplazamientos forzados y los homicidios.
De acuerdo con las cifras citadas por Amnistía, al menos mil 303 personas palestinas, entre ellas más de 300 menores de edad, han muerto por ataques israelíes desde la declaración del alto el fuego en octubre de 2025.
La organización también señaló que decenas de miles de personas permanecen con lesiones físicas y afectaciones psicológicas que requieren atención y rehabilitación a largo plazo, mientras que gran parte de la población de Gaza continúa desplazada.
Amnistía afirmó que Israel mantiene presencia militar y de milicias locales en amplias zonas de la Franja, lo que, según la organización, dificulta el retorno de personas desplazadas a sus viviendas y tierras.
Ante este escenario, Morayef llamó a todos los Estados a presionar a Israel para que cumpla las medidas provisionales de la CIJ, además de solicitar el fin de las transferencias de armas y ayuda militar.
La organización también pidió suspender las relaciones comerciales o económicas que contribuyan, a su juicio, a la ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado, en línea con la opinión consultiva emitida por la CIJ en julio de 2024.
En particular, Amnistía Internacional solicitó a Sudáfrica suspender cualquier acuerdo comercial con Israel que pudiera contribuir a violaciones de derechos humanos, incluidos los envíos marítimos de carbón térmico.
Antecedentes
La CIJ emitió el 26 de enero de 2024 una orden de medidas provisionales en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel, al considerar que los derechos de la población palestina de Gaza a ser protegida de actos de genocidio y otros actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio eran plausibles y requerían protección frente a daños irreparables.
Posteriormente, el tribunal emitió nuevas medidas provisionales en marzo y mayo de 2024, relacionadas con la prevención de actos de genocidio, la incitación pública y directa al genocidio, el acceso a servicios básicos y asistencia humanitaria, así como la preservación de pruebas.
En su orden del 24 de mayo de 2024, la CIJ ordenó a Israel detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafá que pudiera someter a la población palestina a condiciones de existencia capaces de conducir a su destrucción física.
Amnistía Internacional sostiene que dichas órdenes no han sido cumplidas y que la situación humanitaria y de derechos humanos en Gaza continúa siendo crítica.
Descubre más desde Comunicadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
