ONU alerta que más de 9 mil ataques contra la educación fueron registrados durante 2024 y 2025, mientras 24 mil 174 niños sufrieron violaciones graves en conflictos armados.
Mientras septiembre marca el regreso a clases en buena parte del hemisferio norte, millones de niños permanecen fuera de las aulas debido a guerras y crisis humanitarias, en un contexto marcado por un aumento sin precedentes de los ataques contra la educación.
De acuerdo con el fondo mundial Educación No Puede Esperar, alrededor de 258 millones de niños en 87 países enfrentan graves interrupciones en su aprendizaje, mientras 93 millones permanecen fuera de la escuela.
La organización advirtió que los ataques contra la educación y el uso militar de las escuelas alcanzaron niveles récord durante 2024 y 2025, dejando a miles de estudiantes y docentes expuestos a la violencia.
En los 28 países analizados se documentaron al menos 9 mil 259 ataques contra la educación, incluidos más de 3 mil 600 ataques contra escuelas.
La cifra representa un incremento superior al 50% respecto al periodo 2022-2023.
Además, más de 10 mil 600 estudiantes y trabajadores de la educación murieron, resultaron heridos o fueron secuestrados, mientras que el uso militar de las escuelas prácticamente se duplicó.
Maysa Jalbout, directora de Educación No Puede Esperar, advirtió sobre las consecuencias de mantener a los niños alejados de las aulas durante largos periodos.
La interrupción prolongada del aprendizaje puede provocar pérdida de conocimientos, desaparición de rutinas y una mayor exposición a redes de explotación, además de limitar las oportunidades de los menores para construir un futuro fuera de la crisis.
Los datos más recientes sobre la infancia en conflictos armados muestran también el impacto de la violencia.
Durante 2025, un total de 24 mil 174 niños fueron afectados por violaciones graves, de las 38 mil 558 violaciones verificadas.
La matanza y mutilación fueron las violaciones más frecuentes, con 14 mil 224 niños afectados.
Los menores también fueron víctimas de reclutamiento y utilización en conflictos armados, secuestros y restricciones al acceso de ayuda humanitaria.
Los combates se desarrollan cada vez con mayor frecuencia en zonas densamente pobladas, lo que expone a la población infantil a bombardeos, ataques de artillería y drones explosivos.
La violencia no solo amenaza directamente a los niños, sino que también destruye la infraestructura indispensable para su protección y desarrollo.
Viviendas, escuelas, hospitales y otras instalaciones civiles han resultado dañadas o destruidas, obligando a miles de familias a desplazarse y dificultando todavía más el acceso a servicios básicos.
Los menores enfrentan riesgos incluso cuando intentan escapar de las zonas de combate o buscan alimentos, agua y atención médica.
El mayor número de violaciones graves contra niños fue verificado en el Territorio Palestino Ocupado, seguido por la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia.
Por primera vez, las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de las violaciones graves verificadas.
La crisis educativa afecta de manera desproporcionada a los menores que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Casi ocho de cada 10 niños sin escolarizar afectados por crisis, alrededor de 74 millones, viven en solo 20 países.
La situación es todavía más grave entre determinados grupos: 74% de los niños refugiados, 52% de los desplazados internos y 45% de los niños con discapacidad no asisten a la escuela.
La falta de acceso a la educación incrementa su exposición a situaciones de explotación, violencia, reclutamiento y trata, además de profundizar las desigualdades que ya enfrentan.
La UNESCO recordó que todas las partes involucradas en conflictos tienen la obligación de respetar el derecho internacional y proteger las escuelas y otros espacios educativos.
La educación en contextos de emergencia no consiste únicamente en mantener a los menores dentro de un aula.
También representa una herramienta para proporcionarles seguridad, estabilidad, protección y una sensación de normalidad en medio de situaciones de violencia y desplazamiento.
Ante este escenario, Educación No Puede Esperar lanzó la campaña “Esperanza empieza aquí”, con la meta de recaudar 600 millones de dólares.
Los recursos permitirían brindar educación segura y de calidad a 10 millones de niños que viven en algunos de los lugares más afectados por conflictos y crisis humanitarias.
El llamado busca evitar que una generación completa quede excluida del sistema educativo y que las consecuencias de las guerras trasciendan el presente.
La ONU y organismos internacionales llaman a proteger las escuelas, garantizar la educación y evitar que los conflictos armados sigan arrebatando a millones de niños su derecho a aprender y construir un futuro.
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