Relatores de la ONU advierten que las medidas adoptadas tras los atentados han provocado graves afectaciones a los derechos humanos y las libertades.
A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las respuestas adoptadas en nombre de la lucha contra el terrorismo han generado graves afectaciones a los derechos humanos, el derecho internacional y las libertades fundamentales.
Los expertos rindieron homenaje a las casi 3 mil personas que perdieron la vida en los atentados ocurridos en Nueva York, Washington y Pensilvania, así como a sus familias y a las comunidades cuyas vidas cambiaron a partir de aquellos hechos.
En un comunicado firmado por alrededor de 30 relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los especialistas señalaron que las consecuencias de las políticas antiterroristas se han extendido durante un cuarto de siglo y han afectado a millones de personas en distintas partes del mundo.
El documento advierte sobre prácticas adoptadas bajo argumentos de seguridad, entre ellas guerras de agresión, ocupaciones ilegales, crímenes de guerra y de lesa humanidad, asesinatos selectivos, tortura, secuestros transfronterizos, detenciones secretas, desapariciones forzadas y procesos judiciales considerados injustos.
Los expertos también mencionaron las entregas extraordinarias, los tribunales especiales y el caso de Guantánamo como ejemplos de medidas que, a su consideración, han generado graves cuestionamientos en materia de derechos humanos.
El avance tecnológico también forma parte de las preocupaciones expresadas por los relatores, quienes señalaron que herramientas como drones, sistemas de vigilancia masiva, software espía, tecnologías biométricas e inteligencia artificial pueden facilitar nuevas vulneraciones de derechos.
Los especialistas manifestaron especial preocupación por la automatización de sistemas de armas, debido a los riesgos que puede representar para el derecho a la vida y para la rendición de cuentas cuando se producen abusos.
Ante ello, llamaron a las empresas que desarrollan estas tecnologías a respetar los derechos humanos durante todo el ciclo de vida de sus productos y sistemas.
El comunicado también advierte sobre el impacto de las medidas antiterroristas en la sociedad civil. De acuerdo con los expertos, defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes, académicos, artistas, organizaciones no gubernamentales, minorías, pueblos indígenas, campesinos y migrantes han sido objeto de ataques, intimidación, amenazas o restricciones.
Los relatores señalaron que el espacio cívico se ha reducido mediante limitaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como al derecho de participar en los asuntos públicos.
También cuestionaron las restricciones impuestas a organizaciones sin fines de lucro mediante leyes de financiamiento, nuevas figuras delictivas y sanciones bancarias, debido a que estas medidas pueden obstaculizar la asistencia humanitaria en zonas de conflicto y afectar a la población civil.
Los expertos señalaron que las medidas antiterroristas también han afectado de manera desproporcionada a grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños y mujeres, así como personas perfiladas por motivos religiosos, raciales o étnicos.
En el caso de la infancia, advirtieron que en algunos contextos no se reconoce adecuadamente a niñas y niños como víctimas de grupos terroristas, ni se garantiza su interés superior o el acceso a procesos de rehabilitación y reintegración.
Los especialistas consideraron que estas situaciones pueden profundizar las condiciones de vulnerabilidad y generar consecuencias que se extienden más allá de los conflictos en los que se aplican las medidas antiterroristas.
Otro de los señalamientos centrales de la declaración es la falta de rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante operaciones y políticas implementadas en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Los expertos sostienen que la impunidad puede contribuir a generar mayores condiciones de inseguridad y señalaron que algunas intervenciones militares tuvieron consecuencias que favorecieron la expansión de grupos extremistas.
También plantearon una interrogante sobre los resultados obtenidos después de 25 años de políticas centradas principalmente en la seguridad, al señalar que, pese a los billones de dólares destinados a estas estrategias, el terrorismo continúa presente en distintas regiones del mundo.
Ante este panorama, los especialistas propusieron cambiar el enfoque y fortalecer estrategias de largo plazo que atiendan las causas de los conflictos mediante la construcción de paz, la buena gobernanza, la inclusión política, el Estado de derecho, el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y la protección de los derechos humanos.
Los expertos independientes de la ONU hicieron un llamado a los Estados para revisar sus leyes y prácticas antiterroristas y garantizar que sean compatibles con el derecho internacional.
También solicitaron establecer mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas, además de proteger y brindar asistencia tanto a las víctimas del terrorismo como a quienes hayan sido afectados por medidas antiterroristas ilegales.
A 25 años de los atentados del 11 de septiembre, los especialistas sostienen que combatir el terrorismo no debe significar debilitar los derechos humanos, las libertades fundamentales ni los principios del Estado de derecho.
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