Buscan que este medicamento esté disponible de manera oportuna para atender casos de sobredosis y contribuir a salvar vidas.
Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado de la República avanzar en el proceso legislativo para facilitar el acceso a la naloxona, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis por opioides.
Integrantes de la campaña Menos Daño, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Instituto RIA y Elementa, sostuvieron una reunión con integrantes de la Comisión de Salud del Senado, donde plantearon la importancia de ampliar la disponibilidad de este medicamento.
Las organizaciones señalaron que contar con naloxona de manera oportuna permitiría que familiares, personas usuarias, personal médico, organizaciones comunitarias y elementos de seguridad pública puedan actuar ante una emergencia por sobredosis.
Durante el encuentro, el presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó la importancia de que el análisis legislativo se realice con base en evidencia científica y criterios técnicos, particularmente cuando está relacionada con la protección de la vida.
Las organizaciones consideraron que las disposiciones actuales sobre la naloxona deben revisarse desde una perspectiva de salud pública y reducción de daños, con el objetivo de favorecer una respuesta rápida ante las sobredosis.
También plantearon la necesidad de mantener coordinación entre el Senado y la Cámara de Diputados, debido a que existen propuestas legislativas relacionadas con el acceso a la naloxona en ambas cámaras.
Durante la reunión se presentó la campaña Menos Daño, integrada por más de 15 organizaciones de la sociedad civil, que promueve una política de drogas basada en salud pública, reducción de daños, evidencia científica y derechos humanos.
Además del acceso a la naloxona, la campaña trabaja en propuestas relacionadas con alternativas al internamiento forzado, una política de drogas no militarizada y la regulación del cannabis.
Las organizaciones expresaron su disposición para aportar información técnica, evidencia científica y experiencia al análisis legislativo, al considerar que facilitar el acceso a la naloxona puede contribuir a una respuesta más efectiva ante las sobredosis y a la protección de la vida.
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