Sin Maíz No Hay País pide transparentar estudios y evaluaciones que sustentaron la autorización del producto de GreenLight Biosciences
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y la Alianza por la Salud Alimentaria cuestionaron el proceso de autorización en México de un fungicida basado en interferencia de ARN (ARNi), desarrollado por la empresa GreenLight Biosciences, y solicitaron hacer público el expediente técnico, científico y regulatorio que sustentó su registro.
De acuerdo con la información difundida por Sin Maíz No Hay País, el pasado 12 de agosto autoridades federales anunciaron que México se convirtió en el primer país en registrar y comercializar un fungicida basado en esta tecnología. El producto fue autorizado por Cofepris para su aplicación en cultivos de vid, con un permiso vigente hasta junio de 2031.
La organización pidió conocer los estudios realizados para determinar la especificidad de las secuencias de ARN, sus posibles efectos off target y las consecuencias sobre organismos no objetivo. También cuestionó qué recomendaciones internacionales fueron consideradas para evaluar los riesgos ambientales de este tipo de plaguicidas.
Sin Maíz No Hay País también solicitó información sobre el procedimiento de autorización, los estudios toxicológicos y ecotoxicológicos, así como las evidencias científicas utilizadas por las autoridades para sustentar la aprobación.
Otro de los puntos señalados corresponde a la anunciada instalación de una planta de manufactura en la Ciudad de México. La organización pidió conocer las medidas de bioseguridad previstas para el manejo de microorganismos genéticamente modificados y los mecanismos establecidos para prevenir posibles impactos en trabajadores, población y ecosistemas.
Asimismo, destacó que la evaluación debe considerar la formulación comercial completa y no únicamente la molécula de ARN, debido a que sus componentes pueden modificar su estabilidad, persistencia y comportamiento en el ambiente.
Entre sus principales demandas, Sin Maíz No Hay País pidió la publicación íntegra del expediente técnico y científico, una evaluación independiente de los posibles impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos, además de la participación de comunidades, productores, sociedad civil y academia en la discusión sobre el uso de esta tecnología.
La organización planteó finalmente la necesidad de abrir un debate científico y público sobre los efectos de la tecnología de interferencia de ARN, así como sobre sus implicaciones para la biodiversidad, los sistemas agrícolas y la soberanía alimentaria.
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