Colectivos feministas y de derechos humanos plantean eliminar una definición legal de “mujer” y fortalecer las medidas de protección, investigación y reparación para las víctimas
Organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y personas firmantes hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio incorpore un enfoque preventivo, reparador y transformador frente a la violencia feminicida.
A través de un posicionamiento dirigido a las y los integrantes del Congreso de la Unión y a las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos del Senado, las organizaciones señalaron que la legislación debe traducir los estándares de derechos humanos en obligaciones claras, mecanismos efectivos de implementación y sistemas de rendición de cuentas.
Uno de los principales planteamientos es que la respuesta del Estado no se limite a la investigación y sanción de los responsables, sino que fortalezca las capacidades institucionales para prevenir las violencias y atender oportunamente las situaciones de riesgo que pueden preceder al feminicidio.
El documento también sostiene que la reparación integral debe contemplar la restitución de derechos, atención a las consecuencias de la violencia, reconocimiento de los daños, garantías de no repetición y transformación de las condiciones que permiten que estos hechos ocurran.
Las organizaciones firmantes plantearon que el endurecimiento de las penas y la ampliación del uso del sistema penal no sustituyen las políticas de prevención, investigación y acceso a la justicia.
En el posicionamiento se advierte que concentrar los recursos en la persecución penal puede restar atención a medidas como las órdenes de protección, los refugios y la atención integral para mujeres, niñas y adolescentes.
También pidieron analizar las restricciones a mecanismos procesales como la terminación anticipada y el procedimiento abreviado, al considerar que pueden prolongar los procesos judiciales y aumentar las cargas para las víctimas, además de tener efectos diferenciados según las condiciones sociales y económicas de quienes enfrentan el sistema de justicia.
Otro de los puntos centrales del documento es la solicitud de eliminar de la legislación una definición específica de la categoría “mujer”.
Las organizaciones argumentan que dicha definición no sería necesaria para configurar el delito de feminicidio, pues —según el posicionamiento— la acreditación de las razones de género requiere analizar el contexto en el que ocurre la violencia y no únicamente el sexo de la víctima.
El documento señala además que la iniciativa contempla principios de igualdad, no discriminación e interseccionalidad, por lo que una definición legal podría generar tensiones con el propio marco de protección planteado.
Las organizaciones también hacen referencia al marco internacional de derechos humanos y a la protección frente a la discriminación por identidad y expresión de género.
Finalmente, hicieron un llamado a las y los legisladores para fortalecer la iniciativa desde una perspectiva de derechos humanos, prevención, protección y transformación de la violencia feminicida, con el propósito de generar condiciones que permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencia.
El posicionamiento está suscrito por organizaciones como Amnistía Internacional, Documenta, EQUIS Justicia para las Mujeres, Fundar, Fundación para la Justicia, Grupo de Información en Reproducción Elegida, México Unido contra la Delincuencia, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Sin Fronteras IAP, entre otras.
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