La diputada Maricela Beltrán Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC), propuso expedir la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, con el objetivo de reconocer, garantizar, promover y regular el derecho de las personas a participar, de manera individual o colectiva, en la deliberación, formulación, ejecución, seguimiento, vigilancia y evaluación de las decisiones públicas estatales y municipales, mediante mecanismos informados, libres, incluyentes y accesibles.
En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, al exponer la iniciativa de la bancada que coordina el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, la legisladora explicó que se busca armonizar distintos ordenamientos con la nueva legislación y establecer límites al ejercicio del poder público.
Resaltó que la propuesta articula de manera sistemática los mecanismos de participación, desde la iniciativa ciudadana, la consulta popular y el referéndum, hasta la consulta ciudadana para asuntos administrativos y los mecanismos de diálogo y proximidad comunitaria, como la audiencia pública, la asamblea comunitaria, el cabildo abierto y el recorrido participativo.
Añadió que el proyecto respeta la reciente reforma a la Constitución Política local y establece una reserva para impedir que los mecanismos generales de participación sustituyan o simulen la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. También agradeció a la academia, a los órganos ciudadanos y a las personas expertas que alzaron la voz en los diferentes foros realizados en la entidad.
El documento detalla que el proyecto se sustenta en seis criterios de técnica legislativa: reconocer ampliamente el derecho a participar; separar la participación administrativa de la político-electoral; intervenir mínimamente en el Código Electoral, la Ley Orgánica Municipal y los demás ordenamientos especializados; respetar las consultas a pueblos indígenas y afromexicanos; utilizar estructuras existentes para evitar duplicidad burocrática, e incorporar al ‘Testigo Social’ al sistema general de participación.
Entre sus principales planteamientos se encuentra establecer el Sistema Estatal de Participación Ciudadana, integrado, entre otros instrumentos, por la Plataforma Estatal de Participación Ciudadana y el Registro Estatal de Mecanismos de Participación Ciudadana. La plataforma permitiría registrar, difundir y dar seguimiento a los mecanismos, mientras que cada expediente contaría con un tablero de trazabilidad para consultar los estados de recibido, en análisis, admitido, en deliberación, resuelto, en ejecución, cumplido o cerrado.
En el ámbito municipal, se propone integrar una Red Municipal de Participación Ciudadana para coordinar a las unidades municipales, autoridades auxiliares, consejos, organizaciones, colectivos, observatorios y otras instancias comunitarias, sin crear una autoridad intermedia ni una estructura remunerada.
Cada ayuntamiento designaría una unidad responsable, que podría formar parte de una dependencia existente, con respeto a su autonomía reglamentaria.
La iniciativa considera el presupuesto participativo, mediante el cual las personas podrían proponer, priorizar y seleccionar proyectos de inversión pública o mejoramiento comunitario. La implementación se plantea de manera gradual, considerando las distintas capacidades fiscales y territoriales de los municipios.
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