Entre lágrimas y con la exigencia de que el crimen no quede impune, la madre de Sofía Madai, menor de 11 años víctima de feminicidio, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para solicitar avances sobre las investigaciones y demandar la captura de los responsables.
Sofía Maradí, quien recién había ingresado al sexto grado de primaria, desapareció alrededor de las 18:00 horas del pasado 26 de septiembre tras salir de su domicilio. Tras días de búsqueda ciudadana encabezada por su propia familia, elementos de la Guardia Nacional localizaron su cuerpo sobre la carretera CHamapa-Lechería, en el municipio de Cuautitlán.
FAMILIARES ASUMIERON LABORES DE BÚSQUEDA ANTE INACCIÓN OFICIAL
A las afueras de la institución judicial, la madre de la menor recriminó la falta de resultados por parte de las autoridades investigadoras, señalando que han sido los propios deudos quienes recorrieron las calles para solicitar a vecinos y comercios el acceso a grabaciones de seguridad ante la falta de indicios oficiales.
«Toda la semana he estado aquí, no he parado. Todos los días he venido y, si no estoy aquí, estoy en las calles pidiendo las cámaras, porque es lo que no me han dado: ni cámaras, ni resultados, ni un solo indicio», denunció la madre de la víctima, quien acudió a una audiencia con la fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya García Espinoza de los Monteros.
ACUSAN TRABAS BUROCRÁTICAS, DESATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIÓN A LA LEY INGRID
Asiel Alberto de la Rosa, representante de la organización Asiel Reconstruyendo Vidas y acompañante del caso, expuso que el proceso ha estado plagado de omisiones institucionales desde las primeras horas. Denunció que inicialmente no se emitieron cédulas de búsqueda ni se estableció contacto oportuno con la familia por parte de la Comisión de Búsqueda, notificando la localización del cuerpo en el Servicio Médico Forense hasta que existió presión de colectivos.
Asimismo, el activista acusó falta de empatía por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señalando que intentaron entregar un féretro en condiciones indignas para el sepelio de la menor y han negado el apoyo psicológico a la madre.
A estas fallas se sumó la presunta filtración de fotografías del cuerpo de la niña en redes sociales por parte de servidores públicos, hecho que vulnera de forma directa las disposiciones de la Ley Ingrid: «Queremos saber quién está filtrando información de la carpeta. Institucionalmente no hay una coordinación adecuada que garantice verdad y justicia; dejan a las víctimas solas y son las familias las que terminan haciendo el trabajo que le toca a la policía», aseveró.
La familia y colectivos reiteraron que la única demanda ante el Estado es la detención y castigo de los involucrados en el feminicidio, descartando cualquier interés de carácter económico y exigiendo celeridad para evitar que el expediente quede archivado en la impunidad.
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