A las afueras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Elia Hernández Girón alzó la voz para denunciar la inacción de las autoridades frente al caso de custodia de su hija de seis años, quien asegura es víctima de violencia física y psicológica constante por parte de su padre y familiares directos.
La denunciante explicó que el litigio por la guardia y custodia inició en 2023 y está radicado en los juzgados de Cuautitlán Izcalli. Acusó ser víctima de violencia vicaria y señaló que, aunque actualmente solo le permiten ver a la menor una vez cada 15 días, cuenta con audios, videos y testimonios que evidencian las agresiones hacia la pequeña. De acuerdo con su declaración, la gravedad del caso ha alcanzado extremos alarmantes, al grado de que la propia menor le ha suplicado «que la deje morir» ante el maltrato reiterado que presuntamente ejercen su padre, la pareja de este, su tío y su abuela.
Hernández Girón indicó que, pese a la existencia de carpetas de investigación iniciadas desde hace dos años en el Ministerio Público y dictámenes de áreas multidisciplinarias —incluyendo atención psicológica en el Comité de Víctimas del Edificio Rosa en Cuautitlán Izcalli— que acreditan posibles actos de violencia y omisión de cuidados, las instancias procuradoras de justicia no han actuado para poner a salvo a la menor.
Asimismo, la madre denunció anomalías cometidas por diversas instituciones durante el proceso legal. Acusó al DIF de Cuautitlán por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, tras comprobar que personal de trabajo social alertó a la contraparte sobre una visita de inspección domiciliaria que debía ser confidencial, permitiendo alterar el entorno antes de la revisión.
En el ámbito federal, Hernández Girón criticó la resolución de un juicio de amparo tramitado en juzgados de Naucalpan a cargo de la jueza de Distrito Alejandra Sapién Cotril. Denunció formalmente ante los órganos competentes que la juzgadora no se presentó a la audiencia del pasado 26 de agosto por acudir a la presentación de un libro en Toluca, situación que documentó en una queja administrativa de más de 51 páginas que —según declaró— fue desechada sin investigación previa por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Ante la falta de soluciones tras múltiples manifestaciones, la madre de familia exigió la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las autoridades del Tribunal de Disciplina Judicial, demandando que se revise a fondo la actuación de jueces y servidores públicos. «Los niños no son rehenes, no deben ser víctimas de los conflictos de los adultos; exigimos funcionarios capacitados y que se protejan los derechos de las infancias», concluyó.
Descubre más desde Comunicadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
