Las movilizaciones por el costo de la vida, la crisis de vivienda y el deterioro de los servicios públicos dejan miles de detenidos; Volker Türk condena la violencia y exige investigar el uso excesivo de la fuerza.
Las protestas sociales se extienden por Francia, Bélgica, Italia, Albania y Portugal, donde miles de personas han salido a las calles para denunciar el aumento del costo de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el deterioro de los servicios públicos. Ante los enfrentamientos y las detenciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre los riesgos de una respuesta policial desproporcionada.
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó los actos de violencia y vandalismo registrados durante las movilizaciones, pero expresó preocupación por los informes sobre el uso innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes, incluidos menores de edad.
En Francia, las movilizaciones comenzaron en septiembre con reclamos por la falta de recursos en la educación y posteriormente incorporaron demandas relacionadas con los precios y los recortes a los servicios públicos. De acuerdo con la información difundida por la prensa citada en el reporte, más de 2 mil 400 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados en ciudades como París y Marsella.
En Bélgica, las protestas estudiantiles se sumaron a las manifestaciones contra las medidas de austeridad del Gobierno. Los enfrentamientos en Bruselas y Lieja dejaron cerca de 200 detenidos, entre ellos más de 25 menores, además de daños materiales y vehículos incendiados.
En Italia, particularmente en Milán, las movilizaciones por las dificultades económicas derivaron en enfrentamientos. Mientras tanto, en Albania, estudiantes y otros manifestantes denunciaron presuntos actos de corrupción, deficiencias educativas y falta de oportunidades económicas. En Tirana se reportaron lanzamientos de piedras y artefactos pirotécnicos contra edificios públicos, ante lo cual las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua.
En Portugal, la crisis habitacional motivó protestas contra el incremento de los alquileres. La policía desalojó campamentos instalados en plazas de Lisboa y Oporto, operación que dejó al menos 55 activistas detenidos, según el reporte. Mientras las autoridades defendieron la intervención, los organizadores denunciaron el uso de la fuerza.
Ante estos acontecimientos, Türk recordó que el derecho a la manifestación pacífica debe ser garantizado por los Estados y que cualquier intervención policial tiene que cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También pidió investigaciones rápidas, eficaces e independientes sobre las denuncias de uso ilegal de la fuerza, así como garantizar reparación a las víctimas y rendición de cuentas de los responsables.
El alto comisionado subrayó que los actos violentos deben investigarse de manera individual y que no pueden utilizarse como justificación para una represión indiscriminada.
La ONU también llamó a los gobiernos europeos a atender las causas sociales de las movilizaciones, entre ellas el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, las desigualdades y las dificultades para acceder a servicios públicos de calidad. Türk destacó especialmente la participación de los jóvenes, quienes expresan preocupación por sus perspectivas económicas y sociales.
Finalmente, pidió establecer un diálogo constructivo e inclusivo con la población, particularmente con las nuevas generaciones, y adoptar medidas concretas en educación, vivienda y reducción de las desigualdades. El organismo advirtió que restablecer el orden público no será suficiente si no se atienden las demandas que han llevado a miles de personas a las calles.
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