San Francisco Tlalcilalcalpan cubre todos los requisitos para convertirse en el municipio que restituya la certidumbre jurídica de su población otomí.

Ciudadanos de San Francisco Tlalcilalcalpan demandaron al parlamento abierto la posibilidad de que este pueblo de origen otomí se convierta en el municipio 126 del Estado de México, en virtud de que los gobiernos estatal y de Zinacantepec han pisoteado sus derechos y los han despojado de sus recursos.

Entre las propuestas de la sociedad civil para actualizar de forma integral la Carta Magna de la entidad, Carlos Hernández y Mercedes Miranda Firo presentaron una iniciativa de ley a la que denominaron “Juan Corrales” en busca de la restitución del municipio indígena otomí de San Francisco Tlalcilalcalpan.

Al presentar la propuesta, Miranda Firo detalló que los gobiernos del Estado de México han privilegiado el sistema capitalista y, con él, los derechos de los ricos, y olvidado los derechos de identidad, pertenencia, integridad, autonomía y libre determinación, al territorio y recursos naturales, a la relación espiritual con sus tierras, a la cultura previa, al desarrollo socioeconómico, partidas presupuestales y a la seguridad jurídica de los pueblos originarios.

Recordó que San Francisco Tlalcilalcalpan fue un municipio indígena otomí, hasta que se derogó el artículo sexto del decreto 38 del 18 de octubre de 1870 que así lo reconocía; desde entonces, sus pobladores han sido despojados de todos los bienes comunes. Tanto así, que en 2013 a la comunidad se le despojó del manantial El Túnel, y desde 2019 “pretenden despojarnos del pozo de la calle Fresnos con el pretexto de que se encuentra en territorio de Zinacantepec”.

“El propósito político y económico del gobierno estatal y municipal es apropiarse del recurso económico que genera nuestro territorio: bosque, agua, propiedad privada, población, partida presupuestal federal y estatal, violando los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

La parlamentaria recordó que tanto el artículo 115 Constitucional como el 117 de la Ley Orgánica Municipal establecen que las autoridades municipales están obligadas a atender las demandas prioritarias de la población, asegurar la participación de sociedad en las acciones de gobierno municipal, vincular los planes de desarrollo socioeconómico, aplicar racionalmente los recursos financieros para que la población ejerza su derecho al desarrollo socieoeconómico, etc.

Sin embrago, lamentó, en la práctica los gobernantes solo quieren permanecer en el poder político utilizando el presupuesto público en campañas electorales, traficando con la pobreza de los pueblos y sin un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazos, siendo los pueblos indígenas los más marginados por los gobiernos, de tal manera que sólo los convierten en piezas decorativas para las campañas políticas.

Recordó que los vecinos presentaron el 20 de febrero de 2012 formalmente su petición al entonces gobernador Eruviel Ávila sobre la restitución como municipio autónomo otomí, sin que se haya atendido, por lo que es necesario que ésta calidad se le reconozca desde la reforma integral constitucional que se elabora.

La propuesta se presentó en los trabajos de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde los parlamentarios además se pronunciaron en favor de elevar a rango constitucional el derecho de los pueblos originarios a recibir educación financiera y facilidades para acceder a préstamos a fin de impulsar sus negocios. En América Latina, dijeron, hay 55 millones de indígenas que enfrentan barreras para acceder a trabajos dignos, con tasas elevadas de pobreza y dificultades para acceder al sistema financiero.

También se propuso reformar la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México en busca de solución a los conflictos limítrofes de los pueblos originarios; la iniciativa generó disensos ante la pretensión de que sea el gobernador quien instrumente los protocolos para el reconocimiento; para esta tarea, en contraparte, propusieron crear un órgano autónomo.

En materia cultural y educativa, el parlamentario Fernando Montes de Oca planteó la Creación del Consejo Cronista Indígena Municipal que considere a los abuelos como depositarios de la memoria de la lengua materna, crear un sistema de becas, la preservación de la lengua materna de los pueblos originarios, formación de intérpretes, reconocimiento y estímulos para la difusión.