Propone Anais Burgos citar a las mesas de trabajo al secretario de Justicia y Derechos Humanos, quien coordina las acciones de las distintas autoridades en la protección, promoción y garantía de la seguridad de los periodistas y las personas de derechos humanos, para partir de un diagnóstico.

Hace 2 años que la 60 Legislatura aprobó la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, sin embargo, parece como muchas otras leyes que hoy es Letra Muerta, señalaron diputados de Morena, durante reunión de trabajo de comisiones unidas, donde se analizan tres iniciativas con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a dicha Ley.

En Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y, Procuración y Administración de Justicia, la diputada Anais Burgos Hernández, al hacer referencia a que poco o nada ha cambiado desde la aprobación de la reciente Ley para la Protección de Periodistas, refirió caemos en un fetiche legislativo, que todo lo resolvemos legislando, reformando sobre lo que aún no termina de arrancar, por lo que cuestionó, sobre la efectividad de la aplicación de esta ley.

Durante el análisis de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la mencionada Ley de Protección de Periodistas y de la Ley de Fiscalía del Estado de México, presentadas por el PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano, la morenista propuso citar a las mesas de trabajo al secretario de Justicia y Derechos Humanos, quien coordina las acciones de las distintas autoridades en la protección, promoción y garantía de la seguridad de los periodistas y las personas de derechos humanos, para partir de un diagnóstico.

También el diputado Faustino de la Cruz, estuvo de acuerdo en exhortar a la Fiscalía estatal y a las autoridades para que no quede en letra muerta la Ley, en cuanto a iniciativas los legisladores “hemos abonado y aportado nuestras ideas, aquí las hemos debatido, las hemos consensado para que realmente surtan los efectos que el Congreso está planteando”.

Comentó que es de suma importancia los derechos de los periodistas, su libre manifestación de las ideas a ejercer su trabajo y a las garantías que el estado debe brindarles para desarrollar sus actividades, también se debe defender los derechos de quienes tienen el reto, la visión, el compromiso de salvaguardar la tierra. “Son dos temas muy importantes, la Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y los derechos de los defensores del medio ambiente”.

El legislador de la 4T, apuntó “son iniciativas que se deben trabajar de manera paralela, porque son contextos muy similares a la persecución que tienen los periodistas, los altos riesgos que tienen por ejercer su función y desde luego los riesgos que corren los que defienden la tierra, los bosques, el agua, el aire, se debe definir y avanzar en las mesas de trabajo”.

En su oportunidad, el diputado Max Correa Hernández, coincidió con las propuestas, el enfoque de defensa y protección a los defensores de derechos humanos, que pueda involucrar también a los defensores del medio ambiente o de la Madre Tierra, agregó, hay dos casos en el Estado de México donde desgraciadamente, grupos de poder económico y político tienen incidencia y debido a la corrupción, ese despliegue de la influencia que tienen estos grupos tiende no solamente a perseguir a periodistas sino también a defensores del medio ambiente.

Ejemplificó, es el caso del comisariado ejidal de los bienes comunales de Huixquilucan que actualmente está criminalizado por defender precisamente sus bosques de la depredación de la mafia inmobiliaria, cosas similares está sucediendo con el ejido de Jilotzingo, sucedió con defensores del agua que fueron criminalizados por defender su recurso hídrico y estuvieron más de 15 años privados de la libertad, sin sentencia, acusados por delitos que les fabricaron.

En la reunión, concluyó, se debe trabajar en las adecuaciones a la normatividad, en pro de quienes enfrentan intereses de quienes tienen grandes influencias en el aparato de procuración e impartición de justicia en la entidad y se debe garantizarles las condiciones para ofrecerles protección.