Iniciativa del PRI de obligatoriedad del estado de garantizar los derechos sociales reconoce las políticas del gobierno federal: Carmen de la Rosa

La diputada de Morena, Carmen de la Rosa Mendoza, durante comisiones unidas, destacó “aceptar después de tanto tiempo que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos sociales y consolidar la justicia social, justicia que hasta este periodo de gobierno estatal ha parecido inalcanzable”, es el reconocimiento a las políticas de trabajo del gobierno federal.

En reunión de trabajo de las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Desarrollo y Apoyo Social, se analizó la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un octavo párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo V de la Constitución estatal, impulsada por el PRI, la legisladora de la 4T, refirió, se pone a discusión la obligación del estado de prohibir cualquier práctica discriminatoria que someta o limite el acceso a los derechos sociales y sobre todo la dignidad humana de los grupos más vulnerables.

Respaldó la iniciativa, que va en función de lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en el derecho social, basado en garantizar el cumplimiento pleno, goce y efectividad de los derechos humanos.

De acuerdo al dictamen y proyecto de decreto que se aprobó en comisiones unidas, el estado promoverá políticas públicas inclusivas que mejoren el bienestar, que eleven la calidad de vida y consoliden la justicia social para erradicar cualquier práctica discriminatoria que someta o limite el acceso a los derechos sociales y la dignidad humana en la entidad.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que es una obligación del estado implementar políticas públicas inclusivas que mejoren su bienestar, eleven su calidad de vida y consoliden realmente la justicia social.

La política social del gobierno federal, tiene el propósito de construir un país igualitario, en equidad, con justicia social, reconociendo la diversidad, cohesión comunitaria e integración social, en pocas palabras lograr que todas y todos los ciudadanos prioritariamente, los que históricamente habían sido excluidos por un gobierno neoliberal e impedía su desarrollo para que realmente pudieran ejercer sus derechos plenamente.

La diputada Carmen de la Rosa, dijo, la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal, está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, como motivo del resultado de la aplicación de otros principios y derechos como la igualdad de género y los derechos de los llamados grupos de atención prioritaria, concluyó.