De no aprobarse los matrimonios igualitarios, colectivos recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los diputados deben dejar el discurso y pasar a la realidad de la aprobación de los matrimonios igualitarios y la identidad sexogenérica en el estado de México, consideró Patricia Mireles Sosa, presidenta del Consejo por la Diversidad Sexual Mexiquense (CODISEM AC)
Con el inicio del sexto periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura, la comunidad LGBTTTIQ+ confía en que en esta ocasión sí se avalarán las iniciativas sobre matrimonios entre personas del mismo sexo y la identidad sexogenérica tal como lo afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Maurilio Hernández al asegurar que “son asuntos que no se pueden soslayar”.
De no ser así, “Vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer una demanda, un amparo que dé lugar a una sentencia que obligue al estado de México a otorgar el derecho legal de unirse en matrimonio a personas del mismo sexo”.
Hay que recordar, dice Patricia Mireles, que desde el 25 de abril de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a cuatro parejas homosexuales de la entidad para contraer matrimonio y estableció que la redacción actual del Artículo 4.1 Bis del Código Civil mexiquense es inconstitucional, discriminatorio y falto a los tratados internacionales firmados por México”.
Es por ello que ya no se requiere de un parlamento abierto, o de más mesas de trabajo porque hay una postura de la SCJN y el matrimonio igualitario es legal en 19 estados del país, entonces “es falta de voluntad política por parte de algunos diputados que han entorpecido el avance de la iniciativa en beneficio de la comunidad LGBTTTIQ+”.
De hecho, existe la resolución de jurisprudencia 43/2015 de la SCJN emitida el 12 de junio de 2015, en la cual obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable a todos los amparos que se interpongan, en cualquier parte del país, y en donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios.
Mireles Sosa explica que ante tanta inconsistencia jurídica “decidimos crear la coalición LGBTTTIQ+ del estado de México para conjuntar esfuerzos legales para pasar de la recomendación de la SCJN a la Legislatura mexiquense a una orden constitucional que haga realidad el derecho al contrato civil entre personas del mismo sexo con todos los beneficios y prestaciones sociales como existe entre parejas heretosexuales”.
