Coinciden especialistas en marcar la diferencia entre la venta y consumo ilegal del fentanilo y el uso con fines médicos.

La Junta de Coordinación Política y la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, presidida por el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), llevaron a cabo el Foro de Diálogo Estatal con el tema: “Vapeadores y fentanilo”, en el Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México.

En el marco de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales y legales que se discutirán en el Congreso de la Unión, diputados y especialistas expresaron puntos de vista con relación a ambos temas. 

Inzunza Armas agradeció a los especialistas por exponer sus opiniones, análisis y estudios sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de los artículos 4º y 5º de la Constitución Política, en materia de protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas, específicamente, dijo, en dos grandes rubros: la industria del vapeo y el uso médico del fentanilo. 

Destacó que la Comisión a su cargo continuará el trabajo de análisis de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, que consiste en modificar dichos artículos de la Carta Magna.

ESPECIALISTAS Y ASOCIACIONES EXTERNAN POSTURAS

El presidente de la Asociación México y el Mundo, Juan José Cirión Lee, expresó que un país que busca ser una democracia moderna trata de respetar los derechos humanos, por lo que la restricción o prohibición de los vapeadores desde la Constitución está basada en afirmaciones que no tienen respaldo ni en la razón ni en la ciencia. Es necesario que las y los diputados tomen conciencia de que se debe analizar si realmente o no hacen más daño que un cigarro normal, dado que incide en las libertades, gustos y posibilidades de cambio de las personas. 

Susana Lizeth Pérez Leal, ingeniera química industrial, refirió que realizó el primer estudio mexicano sobre la química de los líquidos para vaporizadores versus cigarro combustible. Pidió que este estudio sea el precursor para una normatividad de los e-líquidos para vapeo, ya que ahí se encontraría un riesgo minimizado a la salud de las personas que fuman. También consideró que se deben hacer más estudios a más sustancias para conocer cómo pueden afectar la salud. 

Tomas O’Gorman, secretario de la Asociación Pro-vapeo A.C., aseguró que de ser aprobada la reforma se generará una grave violación a los derechos humanos y la prohibición de los vapeadores no va a contribuir de ninguna manera a proteger la salud; todo lo contrario: la falta de regulación y la venta de esos productos en el mercado negro traerá consecuencias graves a la salud, por la falta de controles y la adulteración por parte del crimen organizado, y se arriesga a los consumidores de recaer en el tabaquismo. “En lugar de proteger el mercado negro se deben emprender acciones para reducir las tasas de tabaquismo en la población adulta”.

La doctora y consultora en la industria del cannabis para su integración en la medi cina actual, Mariana Hoyo, pidió una regulación en pro de la población y del consumidor, en donde se contemple el bienestar. Hizo votos por avanzar en una medicina basada en la evidencia y con empatía, así como brindar atención sanitaria con innovaciones, como pueden ser los vapeadores, y aplicar estrategias de educación e información para que se tenga una mejor calidad de vida.

Santa Aguilar León, médico especialista adscrita al Servicio de Cuidados Paliativos en el Centro Oncológico Estatal “Dr José Luis Barrera Franco” del ISSEMyM, se pronunció por defender el uso del fentanilo con fines medicinales.

Rocío Guillén Núñez, secretaria de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, estimó que el fentanilo es una molécula que fue diseñada de forma sintética en la década de 1960 y ha tenido una utilidad clínica médica que realmente es contundente y es aplastante con relación al manejo del dolor en diferentes escenarios de difícil control: para pacientes oncológicos, en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad para pacientes de quemados. El tema es diferenciar específicamente su prohibición en todo lo relacionado con la producción y venta de origen ilícito, y el uso con fines médicos.