No se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo pues se establecen varias situaciones para que la amnistía proceda: Olga Sánchez Cordero

La Cámara de Senadores aprobó el dictamen para que el titular del Ejecutivo Federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

El proyecto que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía fue aprobado por la Asamblea con 67 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados.

 Precisa que la amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas. Y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley.

De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.

Por lo cual, la propuesta se circunscribe en el orden de progresividad de derechos para las víctimas y sus familiares, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.

Dijo que se trata de un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, agregó, no se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo pues se establecen varias situaciones para que esta proceda. 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, expresó que esta propuesta está encaminada a esclarecer hechos delictivos para alcanzar la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma tiene el propósito de aclarar la verdad histórica de hechos en los que se cometieron asesinatos colectivos, como en los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, o el de Tlatlaya, en el Estado de México.

Dijo que también está pendiente aclarar los hechos que acontecieron en Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán, relacionados con masacres que se cometieron durante los gobiernos pasados y en los “que nuestra obligación es llegar a la verdad”.

A nombre de Acción Nacional, en contra de la reforma, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge tildó la enmienda como un “exceso” y “despropósito” con miras de inconstitucionalidad que promueve la impunidad, con lo que el Senado le da una “puñalada mortal” al Congreso de la Unión, pues le quita la facultad exclusiva de conceder amnistía y se la entrega de manera discrecional al Ejecutivo federal.