Hay 83 carpetas de investigación iniciadas en contra de mujeres por el delito de aborto en el estado de México en los últimos seis meses: Enma Garrido

Aunque manifestó su beneplácito por el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la criminalización total del aborto, Enma Garrido Domínguez, lamentó que los congresos locales, como el del estado de México, no hayan actualizado todavía su marco normativo en favor de los derechos de las mujeres.

“Me siento muy satisfecha de poder ver y estar en este momento histórico; en esta coyuntura en la que reconozco a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte porque están haciendo historia al recordar que vivimos en un estado laico y de justicia social”, sentenció la representante de la Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM A.C.)

No obstante, recordó que las Legislaturas locales “se han visto muy permeadas por cuestiones de moral y ética que deben estar fuera en un estado laico, para que los congresos locales se conviertan en paraguas de los derechos humanos que cubra a las mujeres”.

Garrido Domínguez insistió en que el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se encuentra establecido en el artículo cuarto constitucional “y no es sólo para un grupo o un colectivo, es para toda la población de México, porque ahora se ha convertido en un problema de salud pública y de justicia social”.

La representante de AMAM A.C., reveló que en los últimos seis meses se abrieron 83 carpetas de investigación en el estado de México por el delito de aborto, situación que podría evitarse si los diputados y diputadas de la entidad ya hubieran despenalizado la ILE.

Hay mujeres presas por esta situación en la entidad y muchas de ellas dijo, tienen familia, tienen hijos de los que se tienen que hacer cargo y la situación se les complica por la criminalización de la que es objeto.

Finalmente, dijo que la 61 Legislatura que acaba de entrar en funciones, tiene la obligación de hacer efectivo el dictamen de la SCJN, pues es el máximo tribunal del país el que tomó la determinación, por primera vez, de pronunciarse a favor de garantizar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales y deben cambiar el marco normativo en el estado de México