lunes, enero 18, 2021
EAV Y ADMM, espejo de corrupción en seguridad pública

Al ex gobernador Eruviel Ávila se le autorizaron recursos por más de 11 mil millones de pesos para el sector de seguridad pública y procuración de justicia en Edoméx, en 2020 el gobierno de Del Mazo Maza ejerció un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos en todo lo concerniente al rubro de justicia.

Por Gabriela Landetta

En los últimos ocho años, el número de homicidios cometidos en el Estado de México solamente han disminuido en 530 casos. Mientras que en el primer año de gobierno de Eruviel Ávila Villegas se contabilizaron 3 mil 804 crímenes de este tipo, en el último que lleva hasta el momento el gobernador Alfredo Del Mazo Maza y tercero de su gestión, la cifra es de 3 mil 274, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2012 se reportaron 2 mil 130 homicidios dolosos y mil 674 culposos; mientras que de enero a noviembre de 2020 se cometieron 2 mil 259 asesinatos de tipo doloso y mil 015 clasificados como culposos. Se observa entonces un incremento de 129 homicidios de carácter doloso en todas sus modalidades el año pasado con respecto a 8 años atrás. En contraste, disminuyeron 659 los asesinatos considerados culposos, con relación a 2012.

Entre un año y otro se tuvo una diferencia de aproximadamente 2 mil millones de pesos en el presupuesto asignado para todo lo referente al tema de justicia. Mientras que en el primer año de gestión del ahora senador de la república, Eruviel Ávila Villegas, se autorizaron recursos por más de 11 mil millones de pesos para el sector de seguridad pública y procuración de justicia, en 2020 el gobierno de Del Mazo Maza ejerció un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos en todo lo concerniente al rubro de justicia.

En su primer informe de gobierno, correspondiente a 2012, Ávila Villegas refería que una de las dos premisas que marcaban a su administración era el contar con una sociedad protegida en donde “las personas pueden vivir y convivir en un entorno seguro y armónico”. La segunda decía “que en una sociedad protegida los delitos son verdaderamente investigados, los culpables sentenciados a una justa condena, las víctimas auxiliadas y, en la medida de lo posible, resarcidas”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 que el INEGI dio a conocer recientemente, en 2012 el 93.4 por ciento de los delitos cometidos en el territorio estatal no fueron denunciados. En 2019, la llamada lista negra apenas bajó unas cuantas décimas para ubicarse en 92.6 por ciento.

Es decir que ninguna de las estrategias y acciones implementadas en dos administraciones han logrado convencer a los mexiquenses de su efectividad; los habitantes del Estado de México tampoco tienen confianza en que se aplicará la justicia para castigar a los delincuentes y por eso prefieren no denunciar.

La ENVIPE revela que en 2019, 73.9 por ciento de los ilícitos ocurridos en la entidad no se denunciaron “por causas atribuibles a la autoridad”, tales como miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza y actitud hostil por parte de las propias autoridades hacia las víctimas.

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