Marcelo Ebrard es de los candidatos de la 4T que menos autoridad moral tiene para criticar lo que se ha realizado en los últimos 20 años en materia de seguridad pública de la Ciudad de México.

Por: José Humbertus Pérez Espinoza

La seguridad y la corrupción son dos sellos que han acompañado a Marcelo Ebrard en sus cargos como servidor público en la Ciudad de México, primero como Secretario de Seguridad de la capital del país, fue destituido por haber permitido el linchamiento, quema y asesinato, de dos agentes encubiertos de la policía federal preventiva que realizaban labores de inteligencia sobre el narcomenudeo en San Juan Ixtayopan en Tláhuac.

Este grave suceso llevó a una confrontación entre Marcelo Ebrard y Ramón Martín Huerta, entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, quien sugirió al expresidente Vicente Fox que aplicara sus facultades constitucionales para destituir a Ebrard, por haber sido omiso y responsable del doble asesinato. Marcelo fue destituido por su irresponsabilidad y las absurdas declaraciones “que no se pudo llegar al rescate de los policías por la distancia y la orografía”.

En este acto de irresponsabilidad criminal estaría la presencia de Gabriel Regino García Subsecretario de Seguridad del Distrito Federal, hombre de confianza de Marcelo, quién para justificar estas irresponsabilidades, ratificó su declaración ante el ministerio público, que los ex policías realizaban labores de inteligencia relacionadas con la guerrilla e involucraban a la Hermanos Cerezo Contreras, esto llevó a la detención de personas inocentes, que fueron torturadas y acusados falsamente, que guerrilleros participaron en el linchamiento, sin embargo ni Marceo Ebrard, ni Gabriel Regino fueron procesados penalmente.

Los problemas de la violencia por el narcomenudeo comenzaban a gestarse durante la administración de Marcelo Ebrard (que con el paso del tiempo se conocería como el Cártel de Tláhuac), no olvidemos que durante el reciente juicio en contra de Genaro García Luna, el nombre de Gabriel Regino salió a reducir en las declaraciones del Rey Zambada, quién testificó que el subjefe policiaco les brindaba protección en la capital del país, (cuando Marcelo Ebrard era el titular de la seguridad pública); el candidato presidencial de Morena, siempre ha guardado silencio ante estos graves señalamientos, ¿investigación relacionada con la guerrilla o por el narcomenudeo?.

Marcelo es de los candidatos de la 4T que menos autoridad moral tiene para criticar lo que se ha realizado en los últimos 20 años en materia de seguridad pública de la Ciudad de México, solo tenemos que abrir el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto de 2008, para acreditar que fue uno de los responsables de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, lineamientos que llevaría a la aplicación de las políticas criminales en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El citado Acuerdo es de la autoría de Genaro García Luna ex Secretario de Seguridad Pública, avalado por el entonces Procurador General de la República Eduardo Medina Mora y siendo el testigo de honor el expresidente Felipe Calderón.

García Luna fue sentenciado en la  Corte de New York por proteger al Cartel de Sinaloa); Eduardo Medina Mora acusado de tener conocimiento y ser parte del tráfico de armas en el operativo conocido como “Rápido y Furioso”, también por acumular cuentas millonarias en dólares y euros en diversos bancos extranjeros, lo que fue una de las causales para ser destituido como Ministro de la Suprema Corte), y Felipe Calderón como el líder de estos criminales que tanto dañaron y son los responsables de la grave inseguridad que vive el país.

Es importante traer a colación el citado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, porque se convirtió en el principal instrumento normativo para dar inicio y cumplimento de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia del 18 de junio de 2008, pero también porque dentro de estos criterios se definió que policías, ministerios púbicos y peritos serían operadores de justicia de las instituciones de seguridad pública, que para ingresar a estas Instituciones deberían de acreditar pertenecer al servicio profesional de carrera y estar certificados como lo señala la Constitución en su artículo 21 incisos a) y b).

Destacando el caso de los policías que deberían ser de investigación y policías científicos, capaces que por su especialización investigar los delitos de alto impacto, utilizando los protocolos de investigación por delitos y las tecnologías digitales, y cumplir lo que señala la Carta Magna, capaces de establecer las bases de datos criminalísticas, alimentarlas con las líneas de investigación y manipularlas para poder utilizar la inteligencia artificial en el combate a los delitos de hoy.

Es decir, el espíritu del constituyente permanente que Reformó la Constitución el 18 de junio de 2008 en materia Seguridad y Justicia, estableció las bases para la inteligencia artificial, en virtud que las investigaciones y la persecución de los delitos deberían de contar con las bases de datos criminalística, el éxito de la inteligencia artificial en materia del combate a los delitos es contar con una base de datos solida, actualizada y en constante actualización.

Esta aclaración es oportuna hacerla, y señalar quienes más a parte de Marcelo firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, lo fueron Miguel Ángel Osorio Chong ex gobernador de Hidalgo, vinculado con García Luna para desviar miles millones de pesos de seguridad durante el sexenio de Peña Nieto, para mi como veracruzano y víctima de desaparecidos, el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, quién ordenó el asesinato de Cirilo Vázquez Lagunes, llevó al grupo criminal de los Zetas y mediante su secretario particular Erick Lagos les daban protección policial, y ahora miles de familias veracruzanas buscamos a nuestros desaparecidos.

Es claro que la inteligencia artificial debería contar con las base de datos de criminalística, necesita de operadores de justicia de las instituciones de seguridad pública, principalmente con policías de carrera y certificados en investigación científica y para lograr estos principios de políticas públicas de seguridad contar con los recursos públicos, los cuales fueron asignados en miles de millones de pesos para cada una de las entidades federativas del país, estos se canalizaron mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La Cámara de Diputados le asignó al FASP del año 2009 al 2023 la cantidad de $151,892,023,725.00 de los cuales la entidad federativa que más recursos ha recibido es el Estado de México con la cantidad de $8,384,039,629 y la Ciudad de México con el segundo lugar en recursos para la seguridad en el mismo periodo le asignaron la cantidad de $6,850,391672, es decir solo dos entidades del país les asignaron el 11% del total de los recursos del FASP.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en el Cuaderno de Investigación No. 59, que publica los resultados del Foro El Sistema de Justicia Penal en México ¿en donde estamos y hacia donde vamos?, en la ponencia del Magistrado de Chihuahua Pablo Héctor González Villalobos, presentó el desempeño de las fiscalías de los estados de la República, el Estado de México ocupa el vergonzoso 29 lugar con un porcentaje de desempeño del 39:26 %, la Ciudad de México en el lugar 19 con un desempeño que no rebasa el 50% y solo presenta el 50.93%, el Estado de Chihuahua con muchos menos recursos del FASP su nivel de desempeño de la fiscalía es del 83.12%.

¿En verdad Marcelo cree que la inteligencia artificial solo se entiende con instalar y ubicar softwares para detectar imágenes, armas, morfologías de supuestos delincuentes?, ¿piensa que los minivehículos aéreos “drones”, sistema de observación multisensores día y noche, cámaras, de imágenes a través de muros, no fueron parte de la revisión de la Auditoria Superior de la Federación al Programa con Prioridad Nacional en el Combate al Secuestro?

Los asesores de Marcelo en miniinteligencia artificial no están informados de como todas las entidades federativas presentaron directamente negativos por la ASF, en virtud de que las tecnologías de la inteligencia artificial están instaladas, pero no son operadas, primero porque el crimen controla a las fiscalías, y segundo porque no se formaron los operadores de policías científicos y certificados, finalmente Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera deberían de informar en donde están los recursos del FASP para la seguridad y la inteligencia artificial y que ascienden a $6,850,391,672.00 pesos.