No se descarta la intervención de organizaciones criminales que operan en la zona: Sodi Cuellar

Por Veneranda Mendoza

El Poder Judicial del Estado de México recibió, en la segunda mitad de 2023, una decena de denuncias por parte de empresas contra sindicatos falsos que obstruyeron o amenazaron con obstruir sus actividades productivas si no les entregaban sumas que iban de los 10 mil a los 250 mil pesos.

Debido a que en un primer momento fueron promovidas por la vía laboral, las nueve denuncias originales no procedieron, pues al combatir sindicatos y huelgas inexistentes, tampoco era posible acusar suplantación sindical.

No obstante, dos de los afectados optaron por combatir por la vía penal las afectaciones provocadas; uno de estos casos ya se judicializó y uno más se encuentra en etapa de integración de la carpeta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); una de las conductas ocurrió en la zona de Valle de Bravo y otra en la región de los volcanes.

Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), explicó que el fenómeno ocurrió fundamentalmente en el sector de la construcción y principalmente en la región vallesana.

Detalló que el modus operandi de este tipo de extorsión consiste en que algunos grupos de personas llegan a las empresas a fabricar un plantón, supuestamente laboral pero en el que no necesariamente participan trabajadores de la compañía, sino agentes externos.

La intención del paro, que además bloquea los accesos y salidas de las empresas y, con ello, detiene la cadena productiva, las ganancias, y/o provoca pérdidas, es obligar al dueño a pagar cierta suma de dinero a cambio de permitir que se reanude el ciclo productivo.

Los montos solicitados, según lo esgrimió el magistrado, no son menores, pueden ir desde los 10 mil pesos, y en los casos que corren por la vía penal implican entre 200 y 250 mil pesos, a cambio de no estallar una huelga que también es hechiza pero obstruye o impide la producción.

Sodi Cuéllar aclaró que detrás de esta conducta no se puede descartar “la mano” de las organizaciones criminales que operan en la zona, aunque por sí misma puede tipificarse como un tipo de delincuencia organizada, dado que para configurarla participan varias personas, con cierto conocimiento del tema, que se organizan.

Empero, comentó, de entrada se trata de una aparente extorsión, ilícito que puede alcanzar hasta 40 años de prisión cuando se comete con violencia.

El Poder Judicial estatal considera que esta conducta comenzó a desplegarse aprovechando la reciente reforma laboral, debido a que muchas empresas no han actualizado sus contratos colectivos de trabajo.

Para saber si existe un real emplazamiento a huelga, el empresario puede solicitar al Tribunal Laboral (Estatal o Federal) la certificación correspondiente, y si no hay expediente que respalde el emplazamiento, se denuncia ante al FGJEM la posible comisión del delito, se entrega copia certificada de no existencia de la huelga, y la autoridad puede sorprender en flagrancia a los supuestos delincuentes.

También existe forma de conocer si el sindicato se encuentra registrado ante al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.