El anonimato resta vulnerabilidad al denunciante y facilita el acceso a la justicia; la denuncia podrá presentarse por escrito, vía telefónica o medios electrónicos.

Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó reformas para que la denuncia popular por hechos, actos u omisiones en el manejo y entrega de los programas sociales pueda presentarse de manera anónima por escrito, vía telefónica o a través de medios electrónicos, con pleno apego a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas.

De acuerdo con el dictamen de reformas a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, el anonimato es una herramienta que resta vulnerabilidad al denunciante, facilita el acceso a la justicia y posibilita la investigación y sanción por actos indebidos.

Agrega que la denuncia popular es un poderoso aliado para la participación de la sociedad en actividades de control que favorecen la democratización de las instituciones, promueve la transparencia y el apego a la legalidad.

Durante la sesión, la Asamblea plenaria remitió a la Comisión de Asuntos Indígenas la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena que busca garantizar la protección, salvaguarda y desarrollo del patrimonio material, cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.

La iniciativa, expuesta ante representantes de los pueblos de Ecatepec, precisa que toda autoridad que tenga presencia en los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, que sea auxiliar directa de los municipios y entidad, deberá garantizar el ejercicio de la autonomía hacia su patrimonio inmueble y cultural, procurando la protección de los mismos.

Además, deberá reconocer los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras e inmuebles que ocupen, así como los inmuebles que ellos mismos fundaron, construyeron o donaron para beneficio colectivo; evitando que personas ajenas a los pueblos originarios se aprovechen de su desconocimiento por las leyes para adjudicarse la propiedad, posesión o patrimonio inmueble y cultural perteneciente a ellos.

La propuesta prevé una consulta a los pueblos interesados a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.