Enfrentan esta situación 28.1 por ciento de las mujeres casadas; bancada del PRD propone tipificar este delito como modalidad de violencia familiar.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local acordó solicitar la opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) respecto a la iniciativa del grupo parlamentario del PRD para tipificar la violencia económica contra las mujeres y establecer penas de hasta siete años de prisión en contra de quien la ejerza.

Esto, después de que el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidente de la comisión, explicó que se busca incorporar al Código Penal la violencia patrimonial o económica como parte de la violencia familiar, para que al integrante de un núcleo familiar que haga uso de esta, se le impongan penas de tres a siete años de prisión y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo.

La iniciativa indica que hasta 2020 la violencia económica prevalecía en el país en un 47.3 por ciento en mujeres separadas, divorciadas o viudas, y en 28.1 por ciento en mujeres casadas; no obstante, sólo 7.9 por ciento de mujeres denunció violencia económica en su contra.