Amnistía Internacional advierte que el gobierno de Javier Milei adquirió tecnologías de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y vigilancia aérea por al menos 1.2 millones de dólares.
El gobierno de Argentina ha ampliado el uso de tecnologías de vigilancia basadas en inteligencia artificial, lo que incrementa la capacidad del Estado para monitorear, perfilar e identificar a la población y genera riesgos para derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la protesta, advirtió Amnistía Internacional.
En un nuevo informe, la organización documentó que entre 2024 y 2025 las autoridades argentinas adquirieron tecnología por al menos 1.2 millones de dólares, incluyendo herramientas para monitorear redes sociales, reconocimiento facial, drones y sistemas de vigilancia aérea.
De acuerdo con Amnistía, estas herramientas permiten recopilar y analizar grandes cantidades de información proveniente de redes sociales, sitios web, bases de datos públicas e incluso la web oscura.
El organismo señaló que el impacto ya alcanza a periodistas, activistas, personas migrantes y otros grupos, algunos de los cuales han reducido su participación en protestas o publicaciones en redes sociales por temor a ser identificados y vigilados.
La organización considera que este modelo está generando una infraestructura de vigilancia masiva que puede utilizarse para disuadir la protesta y afectar el ejercicio de derechos humanos.
Amnistía Internacional pidió al gobierno argentino establecer controles estrictos sobre la adquisición y utilización de estas tecnologías y prohibir aquellas formas de reconocimiento biométrico remoto que puedan utilizarse para vigilancia masiva o discriminatoria.
La organización también llamó a garantizar transparencia, supervisión y rendición de cuentas, para evitar que la inteligencia artificial y otras herramientas de vigilancia sean utilizadas sin controles adecuados.
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