El informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes estima que alrededor de 165 mil hijas e hijos podrían estar vinculados con personas desaparecidas.
En México podrían existir alrededor de 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con una estimación exploratoria presentada en el informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes, elaborado por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y el Observatorio Infancia Latina.
El documento advierte que la desaparición de una persona no afecta únicamente a quien permanece ausente, sino que también transforma la vida de sus hijas e hijos, al interrumpir cuidados, reducir ingresos, poner en riesgo la continuidad escolar, afectar la salud y modificar los vínculos familiares y comunitarios.
La estimación toma como referencia 103 mil 176 registros de personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas en agosto de 2026. Al aplicar un indicador de 1.60 hijas e hijos, basado en datos de la ENADID 2023, se obtiene un escenario de 165 mil 81 personas, comunicado como cerca de 165 mil.
El informe aclara que esta cifra no constituye un conteo exacto ni un registro oficial, ya que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no contiene información suficiente para identificar los vínculos familiares, edades, personas cuidadoras, situación escolar o necesidades específicas de las hijas e hijos de quienes permanecen desaparecidos.
Aumentan los registros analizados
El análisis identifica también una variación de 13.04 por ciento en los registros del universo estudiado respecto al ejercicio realizado en 2025.
El documento señala que los cambios en el RNPDNO no deben interpretarse automáticamente como nuevas desapariciones, debido a que pueden estar relacionados con localizaciones, incorporaciones tardías, correcciones, duplicidades, cambios de clasificación y actualizaciones de los registros.
Por entidad federativa, Tamaulipas concentra 11 mil 327 registros; Jalisco, 10 mil 947, y el Estado de México, 9 mil 202. En tanto, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León superan los seis mil registros cada uno. Las diez entidades con las cifras más altas reúnen 69 mil 842 registros, equivalentes a 67.69 por ciento del total analizado.
El informe advierte que esta distribución territorial no permite determinar cuántas hijas e hijos existen en cada entidad, debido a que el multiplicador utilizado es nacional y no considera variables como fecundidad estatal, migración, estructura de los hogares, temporalidad o descendencia real.
La falta de información también genera afectaciones
De acuerdo con el documento, la ausencia de información sobre los vínculos familiares dificulta que las instituciones puedan identificar a las personas afectadas, conocer sus necesidades, asignar recursos y evaluar los resultados de las políticas públicas.
Las familias pueden verse obligadas a trasladar documentos e información entre instituciones relacionadas con la búsqueda, fiscalías, atención a víctimas, educación, salud y protección social, mientras cada dependencia mantiene expedientes separados.
Esta situación puede incrementar la carga de cuidado sobre madres, abuelas, hermanas, parejas e hijas, además de dificultar la activación oportuna de mecanismos de protección de derechos.
El informe plantea la necesidad de establecer una ruta institucional para identificar a las hijas e hijos de personas desaparecidas, valorar sus necesidades y garantizar atención integral, así como fortalecer su participación y la rendición de cuentas.
Una estimación que busca visibilizar una población
El documento enfatiza que los aproximadamente 165 mil casos deben entenderse como un escenario de referencia, no como una población fija ni como el número actual de niñas, niños y adolescentes afectados.
La estimación utiliza el indicador general de 1.60 hijas e hijos y reconoce que puede sobreestimar o subestimar la realidad debido a diferencias en fecundidad, edades, temporalidad, duplicidades familiares y la falta de información relacional en los registros.
Por ello, el informe sostiene que la prioridad no debe ser únicamente perfeccionar el cálculo, sino generar información protegida que permita conocer los vínculos familiares y atender de manera diferenciada a las hijas e hijos de personas desaparecidas.
La propuesta busca que esta población sea considerada dentro de las políticas de búsqueda, protección y reparación, con acciones que permitan garantizar sus derechos y evitar que permanezca invisible frente a las instituciones.
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