En los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres obtuvieron su libertad; Kimberly “N” es el caso más reciente.
Un total de 63 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad entre el 16 de septiembre de 2023 y el 2 de septiembre de 2026, mediante el acompañamiento integral y la representación jurídica brindados por el Gobierno del Estado de México.
Estas acciones forman parte del programa “Mujeres Privadas de la Libertad”, mediante el cual la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), coordinan esfuerzos para analizar cada caso y garantizar una defensa jurídica adecuada.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, señaló que esta coordinación permite brindar atención y seguimiento a las mujeres privadas de la libertad que, de acuerdo con su situación jurídica, pueden acceder a los mecanismos y beneficios establecidos en la legislación.
Durante los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres obtuvieron su libertad. El caso más reciente corresponde a Kimberly “N”, quien recibió representación jurídica del Instituto de la Defensoría Pública para el análisis y seguimiento de su proceso.
La funcionaria destacó que el acompañamiento institucional no termina con la salida del centro penitenciario, ya que la Secretaría de las Mujeres brinda atención y canalización a distintos servicios bajo una perspectiva de género, igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con las características de cada caso, SeMujeres puede apoyar en el pago de multas, cuando la legislación lo permite, así como en el traslado de las beneficiarias a sus hogares y en la continuidad del acompañamiento después de su liberación.
En tanto, la Consejería Jurídica, mediante el Instituto de la Defensoría Pública, proporciona representación y asistencia jurídica, analiza los expedientes y da seguimiento a los procedimientos para que las mujeres cuenten con una defensa adecuada y puedan acceder, cuando legalmente corresponda, a los beneficios previstos en la ley.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México fortalece la coordinación institucional para garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos de las mujeres y generar mejores condiciones para su reintegración social.
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