A 147 mujeres se les inició carpeta de investigación ante la Fiscalía por el delito de “homicidio por parentesco”.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) con presencia en el Estado de México interpusieron un amparo para que los servicios de salud del Gobierno del Estado de México (GEM) garanticen la Interrupción Legal del Embarazo en aquellas mexiquenses que así lo soliciten, precisó Michelle Díaz Valencia, vocera de la asociación civil Socialis.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, titular del programa “De Análisis” que se trasmite por la plataforma digital de información comunicadoresmx de lunes a viernes de 13:00 a 14.00 horas, la abogada y activista en pro del aborto precisó que si la justicia federal concede el amparo colectivo, no solo se obligaría al sector salud del Gobierno mexiquense a garantizar ese derecho humano que toda mujer tiene a decidir sobre su propio cuerpo, sino también se estaría evitando que miles de mexiquenses ya no tengan que acudir a la Ciudad de México para solicitar los servicios de salud.

Explicó que de manera estratégica interpusieron dos amparos, uno en Toluca y otro en Naucalpan, y la sorpresa jurídica fue que en primero fue admitido y se le solicitó informe justificado a las instituciones correspondientes (para un posible estudio y análisis del amparo), mientras que el segundo no fue admitido.

Lo que advierte que un mismo Poder tiene dos criterios diferenciados para atender el mismo asunto, y ello significa que los jueces no son uniformes en sus estándares respecto a determinaciones ya tomadas por la SCJN.

Es de destacar que el 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de procesar a una mujer por practicarse un aborto de manera voluntaria.

Con datos de la organización Abortistasmx, la abogada precisó que en el Estado de México se tiene el registro de la apertura de 147 carpetas de investigación contra mujeres; el supuesto delito que cometieron está clasificado como “homicidio por parentesco”.

Colocando así a dichas mujeres mexiquenses en absoluta vulneración a sus derechos humanos.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en que criminalizar a las mujeres y personas gestantes que de manera voluntaria quieren ejercer sus derecho sexual y reproductivo y éste le sea negado, es inconstitucional”, dijo tras insistir que a las mujeres se les debe garantizar el derecho a decidir sobre su cuerpo.

El amparo colectivo busca exigir que la autoridad municipal, estatal (del Estado de México) y federal, garanticen el servicio a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a toda mujer que así lo solicite, ratificó.

Al respecto, la especialista en derechos de las mujeres, Michelle Díaz, puntualizó que hay leyes y determinaciones que en teoría deberían permitir a las mujeres decidir lo que pasa con sus cuerpos, pero esa ley es ignorada por la autoridad estatal y su sistema de justicia, pasando por la Fiscalía y el Poder Judicial estatal.

Datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México precisan que desde el 2007 a la fecha, alrededor de 70 mil 258 mujeres mexiquenses han acudido a practicarse la ILE a sus servicios de salud, cifra que representó el 27% del total.

En este tenor, Díaz Valencia recordó que aunque el Gobierno del Estado de México, en teoría, está obligado a garantizar ese derecho de las mujeres (decidir sobre su cuerpo), en la práctica no mueven un dedo y si se atreven a iniciar procesos penales lo que evidencia claramente que se oponen a la ILE.

A 15 años de legalizarse la ILE en la Ciudad de México se han registrado 247 mil abortos en el sector salud público del gobierno local; ninguna mujer ha perdido la vida por la interrupción temprana del embarazo; 80% de los servicios se practicaron antes de las ocho semanas de gestación; se ha reducido en un 84% los casos de complicaciones por abortos inseguros.

De acuerdo a estadísticas científicas “los servicios de interrupción legal del embarazo no generan ninguna afectación a la salud mental. Lo que genera afectación a la salud mental es el estigma”, precisan las organizaciones Socialis, Redfine y abortistas.

Es de destacar que 11 estados de la república mexicana han despenalizado el aborto