Piden la comparecencia del titular de Seguridad del Edomex, Martínez-Celis Wogau, para que explique los abusos denunciados en centros penitenciarios.

Dos peticiones de atención a penales tiene el secretario de Seguridad del estado de México, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, por parte de diputados de la LXI Legislatura del estado de México y en ninguno de los dos casos existe atisbo de cumplir con su responsabilidad.

La primera de ellas tiene que ver con las denuncias que circulan en redes sociales sobre los abusos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) contra otros que se encuentran en su misma condición, dentro del penal Neza-Bordo por, supuestamente, negarse a pagar las extorsiones de sus propios compañeros.

Ante estos hechos, los diputados Gerardo Ulloa Pérez, Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y  Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, revelaron que la autoridad  sigue sin tomar cartas en el asunto.

Incluso los morenistas exigieron que el gobierno del estado de México inicie una investigación por los hechos ocurridos al interior del penal Neza-Bordo para deslindar su participación por acción u omisión en los actos denunciados a través de varios medios de comunicación.

Los directivos de dicho Centro Penitenciario se han mantenido en el cargo por más de tres años, y si los videos publicados son de hace dos años, como lo mencionó el secretario de Seguridad, es evidente que existe responsabilidad de los servidores públicos y éstos deben ser investigados.

Los diputados recordaron que Martínez-Celis Wogau declaró que el problema de los penales se debe a la sobrepoblación, aunque ello no significa que exista un autogobierno de los reclusos.

Por esta razón es que los morenistas consideran necesario solicitar la comparecencia del funcionario estatal a fin de que explique cuáles son las acciones que ha implementado en los Centros Penitenciarios que coadyuvan con la autoridad judicial en la despresurización de los penales, demuestre la aplicación y eficiencia en los planes de actividades de cada Persona Privada de la Libertad y se dé seguimiento puntual a través de la autoridad de Libertad Condicionada a los que gozan de una libertad, pero siguen sujetas al cumplimiento de una pena e informe de qué manera la Subsecretaría de Control Penitenciario es corresponsable de la reinserción social.

Asimismo, se requiere que explique por qué los ordenamientos legales que son aplicables a su materia no están actualizados conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y en que  marco jurídico fundamenta su actuar diario, entre muchas otras cosas que deberá explicar a la sociedad mexiquense y no limitarse únicamente a reconocer que cuando se identifican las violaciones a derechos humanos y se cometen delitos y torturas es cuando actúan o peor aún decir que las PPL’s mantienen sus propias reglas y deben vivir conforme a esas reglas, y que la autoridad no puede mantener todo el control del establecimiento y que saben que pasan cosas pero actúan en consecuencia.

LA OTRA SOLICITUD

Otra de las peticiones que pende sobre la responsabilidad de Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau es la que hizo la diputada Mónica Miriam Granillo Velazco de Nueva Alianza para que informe al Congreso las acciones y políticas para atender a las hijas e hijos de las reclusas que permanecen en los centros penitenciarios estatales para garantizar que no se vulneren sus derechos humanos.

En el punto de acuerdo se pide especificar la edad de las y los menores, así como los reportes que se generen del seguimiento y evaluación de las condiciones en que se encuentra la primera infancia en los centros penitenciarios y su ubicación en cada municipio.

La legisladora enfatizó que las niñas y niños en esta situación carecen de medidas especiales que les permitan un sano esparcimiento y se enfrentan a un contexto penitenciario mexicano en el que sufren afectaciones considerables debido a las deficiencias del sistema, por lo que llamó a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad civil organizada a garantizar los derechos humanos de las y los menores.

El punto de acuerdo será analizado por las comisiones de Seguridad Pública y Tránsito, y especiales de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, así como del Sistema Penitenciario.

DENUNCIAS AÑEJAS

Cabe destacar que de nueva cuenta se vuelven virales videos sobre las denuncias mencionadas de abusos, extorsiones y vejaciones a las que son sometidos los reclusos en una especie de autogobierno al interior de los penales, aunque este tipo de acciones son de todos conocidas y constantemente son denuncias por organizaciones como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIHD) AC que encabeza José Humbertus Pérez Espinoza.

Ejemplo de ello es la denuncia que hicieron llegar el 3 de septiembre de 2021 a la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (CODHEM) a cargo de Myrna García Morón, sobre la vulneración de los derechos de seis PPL’s recluidos en el penal de Chiconautla por parte de custodios y autoridades del propio centro penitenciario, tan sólo por pertenecer a PIDH.

Incluso existen otros videos de castigos severos a manera de novatada a los de nuevo ingreso o bien a los que no lograron reunir el dinero para pagar su “derecho de piso”, en donde se aprecia cómo pasa cada uno de los internos a propinarle golpes en una sola parte del cuerpo hasta que la sangre está a punto de salir por la piel, ante el consentimiento de custodios y autoridades penitenciarias.

Con esto se da por hecho que todas las autoridades involucradas, incluyendo a la Codhem, en garantizar los derechos de PPL’s, están enteradas de lo que pasa al interior de cada uno de los penales que administra el gobierno que encabeza Alfredo de Mazo, pero ninguna de ellas tiene como principal interés resolver y cumplir con su compromiso de vigilar y hacer cumplir la ley.