Mientras Presunción de Inocencia AC advierte crisis alimentaria y falta de agua en penales, la Secretaría de Seguridad dice que los insumos están garantizados.

Por Veneranda Mendoza

Familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) en penales del Estado de México preparan una huelga de hambre para evidenciar la crisis alimentaria, falta de agua y medicamentos que advierten se padecen dentro de las cárceles, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estatal afirma que los insumos se encuentran garantizados.

La Asociación Civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) advierte que la falta de alimentos suficientes y de calidad tiene su origen en una disputa por la asignación del contrato a la empresa a la que se comprarán.

La organización planteó que la decisión no es menor, pues implica la compra-venta de desayunos, comidas y cenas para 34 mil 772 internos; es decir, diariamente tendrían que prepararse aproximadamente de 104 mil 316 raciones, que se traducen en 38 millones 075 mil 340 alimentos.

La AC incluso cuestiona dónde están los 4 mil 020 millones presupuestados para reinserción social en 2024.

Por lo pronto, la huelga se tiene prevista para el próximo 10 de abril, a las afueras de varias cárceles estatales y, conforme a la convocatoria, además tiene como propósito denunciar los asesinatos y extorsiones que ocurren al interior de los centros de reinserción social.

Hace unos días, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHA) emitieron una acción urgente en la que demandan la inmediata solución a la escasez de agua, alimentos y medicamentos en los penales mexiquenses, condición que, plantean, se ha agudizado en lo que va del año.

En momentos distintos, tanto PIDH como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y la organización Haz Valer Mi Libertad han advertido que en los penales mexiquenses existen hasta 19 mil 500 injustamente presos o inocentes, recluidos sin pruebas para ser sentenciados, o con condenas surgidas de carpetas fabricadas, de la tortura, violaciones al debido proceso o a las garantías individuales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México afirmó que los insumos se encuentran garantizados para todos los internos, pues se tiene un contrato para surtir 105 mil metros cúbicos de agua diarios a través de pipas en 17 penales mexiquenses, y en el resto se encargan de la dotación los ayuntamientos; las comidas se preparan con base en el número de internos, y existen mejoras “en la compra de medicamento controlado, odontológico, antibióticos, antivirales para personas con diabetes, ortopédico y medicamentos ginecológicos”.  

La dependencia también recordó que el diagnóstico Nacional de supervisión penitenciaria 2022, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), calificó al Estado de México con 6.71, con relación al año anterior que se obtuvo 6.41, por lo que hubo una mejoría en “aspectos que garantizan la integridad de las PPL, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de personas con necesidades específicas”.

En atención a su derecho de réplica, la dependencia indicó que en la actualidad el desabasto de agua es un problema que aqueja a gran parte del país; pese a ello, afirmó que la Subsecretaría de Control Penitenciario “ha subsanado la falta del vital líquido con pipas que llenan las cisternas de los centros penitenciarios y de reinserción social (CPRS), lo que permite que se garantice que los internos cuenten con este derecho universal”.

Indicó que tiene vigente el contrato denominado “Servicio de suministro, abastecimiento y distribución diario de agua potable en pipa para los centros penitenciarios”, mediante el que cada día se distribuyen 105 mil metros cúbicos de este recurso natural en 17 penales mexiquenses.

En tanto, afirma, en los centros penitenciarios restantes los ayuntamientos se encargan de suministrar este servicio a través de sus organismos municipales de agua.

La dependencia afirmó, además, que los alrededor de 35 mil internos estatales tienen garantizados su desayuno, comida y cena diarias, pues las porciones se preparan con base en el número de personas privadas de la libertad. Adicionalmente, expuso, “es una costumbre de los familiares de las y los internos llevarles comida el día de la visita”.

Las organizaciones denunciantes enlistaron, entre las denuncias de familiares de PPLs, que las raciones de comida se recortaron al equivalente de un cuarto de pieza de pollo, muchas veces sin complemento, lo que propicia disputas para allegarse de más alimento; e indicaron que productos como el pescado y el pollo se han servido en estado de descomposición, lo que implica que los internos enfermen.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México también negó el desabasto de medicamentos; incluso afirmó que se han realizado acciones de mejora durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, que consisten “en la compra de medicamento controlado, odontológico, antibióticos, antivirales para personas con diabetes, ortopédico y medicamentos ginecológicos”.

Las Asociaciones Civiles firmantes expusieron que los medicamentos solicitados a los familiares, son robados por el personal de custodia, con la complicidad de los directores de los penales y el personal médico, y vendidos por otros internos al interior de los centros de reclusión.

La dependencia enfatizó que el diagnóstico Nacional de supervisión penitenciaria 2022, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calificó al Estado de México con 6.71, con relación al año anterior que se obtuvo 6.41, por lo que hubo una mejoría. 

Este ejercicio, expuso, contempla la revisión de 81% de los centros penitenciarios, y califica “aspectos que garantizan la integridad de las PPL, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de personas con necesidades específicas.

La RSDCIAC y PIDHA aseguraron, sin embargo, que en lo que va de 2024, en las cárceles estatales “se incrementaron las violaciones de los derechos humanos… los actos de tortura, asesinatos, extorsiones y cobros, con total impunidad, ante la complicidad estructural de servidores públicos”.